Ciudad de México.- Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron un ultimátum a las autoridades y a la representación sindical para que transparenten el proceso de negociación salarial y den a conocer el pliego petitorio presentado en nombre de la base trabajadora.

Zuiry Hernández, asistente médica, detalló que la exigencia vence mañana al mediodía y, de no obtener respuesta, advirtió que mantendrán las manifestaciones y los plantones, además de preparar movilizaciones a nivel nacional.

La trabajadora del IMSS Zuiry Hernández lanzó un ultimátum para que el sindicato dé a conocer el pliego petitorio que negocia con el IMSS. Puso como plazo mañana a las 12:00 horas y advirtió que, de no recibir la información, intensificarán las protestas.

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— REFORMA (@Reforma) October 21, 2026

Hernández denunció que los trabajadores desconocen los criterios y las condiciones bajo las cuales se desarrolla la mesa de negociación entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), pese a que el proceso contempla un posible incremento salarial que surgió de una demanda de la propia base trabajadora.

“Él (Secretario General Rafael Olivos) debió de haber presentado un pliego petitorio a nombre de la base trabajadora y el deber del sindicato era transparentarlo a la base trabajadora para que sepamos qué es lo que se iba a pedir y no sabemos absolutamente nada. Queremos formar parte de ese proceso y queremos una respuesta”, exigió.

La representante de la sección 33, que forma parte del movimiento 37+1, reiteró que sus demandas son un incremento salarial de 10 por ciento al salario tabular, la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario y la destitución de Olivos.

Sobre la posibilidad de modificar ese porcentaje, Hernández indicó que podría existir flexibilidad, pero únicamente si se atienden los tres puntos que el grupo considera fundamentales.

A esta falta de información, agregó, se suman presuntas represalias contra trabajadores que participan en las manifestaciones; denunció la negativa o cancelación de licencias sin goce de sueldo que, según su versión, habían sido autorizadas previamente para permitir que empleados de otras entidades se trasladaran y respaldaran las movilizaciones.