Ciudad de México.- El INAH presentó este martes una denuncia de hechos por presunto daño al patrimonio arqueológico y quebrantamiento de sellos en Oztoyahualco, área protegida de Teotihuacán donde se efectúan obras ilegales, aparentemente para construir un parque de diversiones.

Aunque las labores que involucran maquinaria y trascabos fueron suspendidas dos veces por las autoridades de la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), estas continuaron, confirmó el director del sitio, Rogelio Rivero Chong.

Una vez presentada la denuncia ante el Ministerio Público de Texcoco, se espera que la Policía Ministerial revise y solicite al Instituto los peritajes.

Reforma publicó este martes la alerta que presentaron los investigadores del INAH ante las autoridades de este organismo por la construcción ilegal en un predio de Oztoyahualco, sitio que albergó la ciudad antigua de Teotihuacán.

En dicho terreno se encuentran unos 24 basamentos arqueológicos que pueden ser domésticos o altares –no se sabe, pues no han sido excavados– y montículos, además de una caverna, explicó Rivera Chong.

Indicó que a principios de marzo se suspendieron por primera vez las obras en el predio, ubicado en el área B –donde no se permiten construcciones– tras el procedimiento de verificación correspondiente, y los sellos fueron quebrantados.

Por la información e imágenes que han hecho llegar vecinos de Teotihuacán al
Instituto se calcula que los trabajos irregulares abarcarían tres o cuatro hectáreas. El predio privado es propiedad del político y exjefe de la Policía de la Ciudad de México, René Monterrubio, expresidente municipal de San Juan Teotihuacán (2013-2015).

Pero no es el único de Oztoyahualco, aunque sí el más grande, que presenta construcciones irregulares. En un par, al menos, se presentan edificaciones prohibidas, detalló Rivero Chong. Respecto del predio de Monterrubio, Rivero Chong explicó que se ha seguido el procedimiento previsto por la ley.

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Se han hecho las visitas de verificación y se suspendieron (las obras) a principios de marzo. El procedimiento administrativo marca tiempos. Se dan cinco días para presentar documentación que permita la regularización de las obras y, después de esos 5 días, si no se presentan, viene un periodo de alegatos por 10 días y, si no se presentan, se vuelve a hacer otra visita de verificación, que fue lo que hicimos, y se detectó que seguían laborando.

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Se hizo una segunda suspensión el 30 de marzo. Se dio nuevamente el periodo para presentar pruebas; nadie asistió. Regresamos para hacer la verificación y se detectó que seguían las obras”, explicó.