Nacional

Publicado el domingo, 10 de mayo del 2026 a las 08:32
Ciudad de México.- Familias indígenas de la Montaña baja de Guerrero denunciaron ataques armados y con drones atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”, así como un desplazamiento forzado masivo en comunidades de la región.
Integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) informaron que este sábado, alrededor de las 7:30 horas, presuntos integrantes del grupo lanzaron tres drones sobre la comunidad de Tula y avanzaron posiciones armadas hasta instalar una trinchera a unos 200 metros de una base militar, sin que -acusaron- fuerzas federales intervinieran.
“ También están atacando a la comunidad desde las montañas a su alrededor. Denunciamos la complicidad y responsabilidad de los tres niveles de gobierno, que protegen a los criminales mientras abandonan a nuestros pueblos al terror y a la muerte”.
El CIPOG-EZ indicó que los ataques comenzaron desde el 6 de mayo contra comunidades nahuas de Tula, Xicotlán y Acahuehuetlán, donde -afirmaron- hay población civil bajo fuego, incluidos niños, mujeres y adultos mayores.
Según el pronunciamiento, una mujer de Xicotlán resultó herida por disparos el 8 de mayo, y en los últimos años suman 76 integrantes asesinados y 25 desaparecidos.
Las comunidades denunciaron que más de mil familias están siendo desplazadas por la violencia y que Tula habría quedado prácticamente vacía, mientras continúan los ataques en otras localidades.
Además, acusaron que elementos del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones estatales han sido omisos ante la ofensiva del grupo criminal.
El CIPOG-EZ responsabilizó a los gobiernos federal y estatal por la violencia y la falta de actuación, y advirtió que la situación pone en riesgo inminente a las comunidades indígenas de la región.
Las tres comunidades se ubican en una franja serrana de difícil acceso al oriente de Chilpancingo y cerca del corredor de Chilapa de Álvarez, una de las zonas históricamente disputadas por grupos criminales.
“Los Ardillos” son identificados en registros ministeriales como una organización criminal con base en la zona Centro de Guerrero y presencia en municipios como Chilapa, Quechultenango y José Joaquín de Herrera, además de parte de la Montaña.
El grupo ha sido relacionado con ataques a policías comunitarias, emboscadas, desplazamientos forzados y homicidios de activistas indígenas, en una región serrana que conecta Chilapa con comunidades de la Montaña baja, históricamente marcada por la siembra de amapola, la disputa de rutas y la débil presencia institucional.
De acuerdo con reportes de inteligencia, la organización se dedica al trasiego de droga, cobro de cuotas y control territorial, y mantiene una disputa con “Los Tlacos”, otro grupo armado de la zona, conflicto que ha derivado en masacres, bloqueos y desplazamientos de población.
“Los Ardillos” surgieron como una célula ligada a remanentes de los hermanos Beltrán Leyva y consolidaron con los años una estructura propia, cuyo núcleo es identificado en la familia Ortega, originaria de Quechultenango.
En este contexto, el CIPOG-EZ ha denunciado en los últimos años asesinatos de sus integrantes y amenazas constantes contra comunidades que se niegan a alinearse con grupos criminales.
El uso de drones en los ataques recientes refleja la expansión de tácticas ya documentadas en estados como Michoacán, Jalisco y Sinaloa, donde organizaciones criminales emplean aeronaves comerciales para vigilancia y agresiones.
Las comunidades señalaron además que Tula ya habría sido desplazada, mientras continúan los ataques en Acahuehuetlán y Xicotlán.
“Tememos por nuestras vidas. Nos están desplazando, nos están atacando y nos están dejando solas”, señalaron.
Organizaciones civiles y colectivos indígenas han advertido que Guerrero mantiene uno de los niveles más graves de desplazamiento forzado interno del país, particularmente en regiones controladas por grupos criminales y autodefensas.
El CIPOG-EZ pidió la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y llamó al Congreso Nacional Indígena y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a movilizarse ante la escalada de violencia.
“ Si nos matan o desaparecen, la responsabilidad será del gobierno estatal y federal”, advirtieron.escalada de violencia.
“ Si nos matan o desaparecen, la responsabilidad será del gobierno estatal y federal”, advirtieron. Hasta anoche, autoridades federales y estatales no habían informado sobre operativos o saldo oficial por los hechos denunciados.
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