Seguridad
Por
La Jornada
Publicado el domingo, 11 de enero del 2026 a las 18:54
Guadalajara, Jal. – Colectivos sociales y organizaciones estudiantiles denunciaron que los cuatro hombres detenidos la noche del sábado, tras la manifestación contra el alza al transporte público, fueron víctimas de amenazas y tortura durante su estancia en la Fiscalía del Estado. Aunque los jóvenes fueron liberados la mañana de este domingo, activistas calificaron los hechos como “secuestros para amedrentar” a quienes se oponen al incremento del pasaje de 9.50 a 14 pesos.
Entre los afectados se encuentran Justo Rafael (18) y Omar Alonso (19), ambos estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como Esteban Joel (31) y Miguel Ángel (58). Debido al impacto psicológico del encierro, los liberados han optado por no rendir declaraciones públicas por el momento.
A pesar de que la marcha transcurrió sin violencia ni desmanes, la Policía Estatal desplegó un operativo de seguimiento una vez concluida la protesta. Según testigos, varias patrullas persiguieron a los manifestantes lejos de Palacio de Gobierno, cerrando la circulación en la avenida Juárez para realizar las detenciones de forma aleatoria frente al Parque Revolución y la Rectoría de la UdeG.
Por su parte, la Fiscalía de Jalisco justificó las detenciones alegando “delitos contra la salud en modalidad de posesión simple” y la portación de navajas. No obstante, un agente ministerial desestimó las pruebas al considerar que el caso no ameritaba prisión preventiva, aunque la carpeta de investigación permanece abierta.
La respuesta policial generó indignación entre los colectivos, quienes señalaron una doble vara en la aplicación de la ley en el estado.
” “Hay un absoluto contraste con lo ocurrido hace unos días, cuando pistoleros asesinaron a un empresario y su hija a plena luz del día con total impunidad; ahí la policía llegó tarde y no hay detenidos”, reprochó un integrante del Frente Juvenil Revolucionario.
Hasta el momento, dos instituciones clave mantienen silencio sobre el caso:
– CEDHJ: La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco no ha emitido postura ni abierto una queja de oficio, pese a las evidencias de excesos policiales.
– Universidad de Guadalajara: La máxima casa de estudios no ha manifestado apoyo a sus estudiantes detenidos, coincidiendo con el reciente acuerdo pactado entre la dirigencia estudiantil y el gobernador Pablo Lemus para fijar una tarifa preferencial de 5 pesos.
Este incidente evoca lo ocurrido el pasado 15 de noviembre, cuando la administración del gobernador emecista permitió destrozos en Palacio de Gobierno para justificar la detención de 40 personas. En aquel episodio, al igual que ahora, la mayoría de los casos fueron desechados por jueces al no encontrarse elementos suficientes para vincular a proceso a los manifestantes.
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