Xalapa, Ver.– Tres ciudadanos de Estados Unidos, actualmente recluidos en Veracruz, han sido víctimas de tortura y fabricación de delitos por parte de autoridades estatales, según denunció su abogada, Perla Morales Solano.

Los detenidos son: Joel Lemus Guevara (34 años), Ramiro Julián Laurencio Guevara Jr. (39) y Domingo Ramos Guevara (42).

Detención con Irregularidades y Tortura en Prisión

La abogada precisó que sus clientes fueron arrestados en noviembre de 2022 por los delitos de privación de la libertad y contra las instituciones de seguridad pública. Sin embargo, no fueron presentados ante el Ministerio Público sino hasta varias horas después de su aprehensión, lo que marca una primera irregularidad.

Morales Solano afirmó que los tres extranjeros han sido torturados tanto durante su detención inicial como en el interior del penal de Poza Rica donde se encuentran recluidos.

” Tres personas de nacionalidad estadunidense, que se encuentran recluidas en Poza Rica, han sido torturadas, tanto en el momento de su detención como dentro de las instalaciones del Centro de Reinserción Social”, comentó la abogada.

Además de las agresiones, los detenidos han sufrido vejaciones y castigos por quejarse de los cobros ilegales dentro del penal para acceder a alimentos, visitas y medicamentos que requieren debido a diversas enfermedades que padecen.

Tres Años en Prisión Preventiva sin Sentencia

La defensa lamentó que, a pesar de llevar tres años en prisión preventiva, los ciudadanos estadounidenses aún no tienen una imputación o sentencia firme en su contra. A esta irregularidad se suma el hecho de que las autoridades mexicanas presuntamente no notificaron a la Embajada de EE. UU. sobre sus detenciones, violando protocolos internacionales.

La abogada criticó las omisiones del Congreso de Veracruz por la falta de una legislación adecuada en materia de tortura, una laguna legal que, considera, deja a sus defendidos en indefensión.

Según Morales Solano, la ausencia de una fiscalía autónoma para investigar estos crímenes ha impedido que, hasta la fecha, se realicen los exámenes médicos y psicológicos esenciales para documentar la tortura.