La semana pasada, aprovechamos de este espacio para hablar del importante tema del diálogo entre jueces. Hoy hablaremos de otra importante forma de diálogo que involucra a los jueces. Solo que, en esta ocasión, su contraparte es la academia.

Las personas cuya convicción profesional es la academia, nos dedicamos a observar distintos fenómenos de las ciencias sociales, del derecho, de la medicina, de la ingeniería, etc.

Los estudiamos e investigamos, tratamos de entenderlos y explicarlos, generamos nuevos conocimientos que, posteriormente, transmitimos mediante publicaciones, seminarios, conferencias o clases.

En el mundo del derecho, la academia tiene la gran responsabilidad de estudiar los fenómenos jurídicos y, seguramente, una de las grandes protagonistas de esta fenomenología es la jurisprudencia; es decir, la voz de jueces, cortes y tribunales plasmada en pronunciamientos que pueden tener distintos efectos jurídicos, ya sea desde el punto de vista temporal, sea desde el punto de vista de las partes. Pero este no es el espacio ni el momento para ahondar sobre estos aspectos.

Lo que a Diké le interesa aquí destacar es el especial papel que, particularmente, cortes constitucionales y supremas desempeñan en las distintas latitudes del mundo en la protección de los derechos humanos.

Estas cortes están llamadas resolver casos concretos o abstractos, los jueces constitucionales y supremos tienen la gran oportunidad de avanzar para dar una protección más amplia a toda una serie de derechos que muchas veces por cuestiones morales, culturales, sociales, éticas o religiosas, los órganos legislativos no consiguen desarrollar.

Pensemos en casos todavía muy debatidos como pueden ser el aborto, los derechos de la comunidad LGBTIQ+, la eutanasia, entre otros. En muchos países, la protección de estos derechos se ha dado gracias al incansable trabajo de la jurisprudencia.

Las personas académicas observamos estas dinámicas y, desde nuestra trinchera de análisis critica, sistematizamos conocimiento, estudiamos los avances, los principios y argumentos desarrollados, los criterios aplicados y, también, las oportunidades no aprovechadas o hasta posibles errores conceptuales.

Se trata de un análisis critico cuyo objetivo tiene que ser la construcción de mejores argumentos y fundamentos para una más efectiva protección de los derechos de las personas.

En esta línea, se coloca el evento que ha organizado el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Capítulo México de la Asociación ICON-s (The International Society of Public Law), bajo la coordinación científica de Alfonso Herrera, Francisca Pou y Andrea Pozas, los días 9 y 10 de febrero, cuyo objetivo consistía en analizar la jurisprudencia más relevante emitida por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el 2022.

Durante estos dos días se analizaron varios ejes temáticos relevantes, entre los que destacan: igualdad y no discriminación; salud, educación, empleo y seguridad social; revocación de mandato y democracia electoral; expresión, información y protección de datos; Fuerzas Armadas y seguridad; austeridad republicana; política energética y medio ambiente; personas y comunidades indígenas y afromexicanas; federalismo y división de poderes; debido proceso; cuidado, familia y reproducción.

Yo tuve el honor de participar en la mesa sobre identidades sexuales, libre desarrollo de la personalidad y libertad ideológica, temática en la que hay que reconocer el trabajo que, desde hace años, desempeña la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, al impulsar la protección de estos derechos que reciben, todavía, un fuerte rechazo por parte de la sociedad mexicana por cuestiones religiosas y morales, principalmente.

A pesar de las criticas académicas (e incluso políticas) que podemos dirigir al juez supremo mexicano, es indudable que desde hace años la SCJN se ha colocado en el panorama comparado por ser líder en la protección de los derechos humanos de las personas más vulnerables: mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, con discapacidad e integrantes de la comunidad LGBTIQ+, entre otras, supliendo de facto la inercia del legislador.