El Banco de México documentó en su Estudio Cuantitativo y Cualitativo sobre Efectivo 2024 que 91% de la población mexicana acostumbra usar dinero en efectivo en sus gastos diarios. La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024 -levantada por el Inegi y la CNBV- confirma que 73.5% de los mexicanos paga con billetes en compras superiores a 500 pesos, y ese porcentaje sube a 85.2% en transacciones menores. Esos números no retratan atraso. Retratan una decisión que millones toman aunque nadie se la explique con ese nombre: proteger su privacidad económica.

Lo que sus promotores omiten es la arquitectura de intereses que lo sostiene. Cada transacción digital genera una cuota de intercambio que, según datos del Banco de México, alcanza hasta 1.91% en tarjetas de crédito y 1.15% en débito -niveles que la propia Cofece calificó como de los más altos del mundo, casi siete veces superiores al promedio internacional de 0.2 por ciento. Un billete de 100 pesos que cambia de mano no le cuesta nada a nadie. El mismo pago procesado digitalmente alimenta un sistema que extrae valor en cada movimiento, con la apariencia de un servicio gratuito.

El segundo motor es fiscal. El SAT tiene la capacidad técnica para cruzar automáticamente patrones de gasto digital con ingresos declarados. Eso tiene una lectura legítima -combatir la evasión- y una consecuencia que se discute menos: el fin del anonimato en el consumo cotidiano. Lo que compras, dónde, a qué hora y con qué frecuencia deja de ser tu vida privada y se convierte en un expediente permanente. El efectivo es el único medio de pago que no genera ese historial, que no requiere permiso bancario ni cobertura de internet para funcionar.

El contrapunto es real: la economía informal y el lavado de dinero encuentran en el efectivo su territorio natural. La Ley Antilavado ya estableció límites razonables -operaciones inmobiliarias superiores a 942 mil pesos o vehículos por encima de 376 mil no pueden pagarse en billetes. Ese equilibrio existe, funciona y distingue con precisión el uso legítimo del abuso. El problema no es regular el efectivo. Es eliminarlo.

México mantiene la tasa más alta de uso de efectivo en punto de venta en América Latina, con 35% del valor transaccionado en 2024, muy por encima de Brasil con 17% y Chile con 18 por ciento. Saltillo y el resto del país deberían preguntarse si una sociedad democrática puede permitir que su ciudadanía quede sin ninguna vía de intercambio económico que opere fuera del monitoreo permanente del Estado y del sistema financiero. Banxico garantiza hoy la obligatoriedad de aceptar efectivo. Esa garantía necesita blindaje legal antes de que la infraestructura digital la vuelva irrelevante por omisión.