La educación siempre ha sido reconocida como la mejor palanca que puede tener un país para lograr condiciones de prosperidad y de bienestar duraderos.

A las múltiples fallas estructurales que ya arrastraba nuestro sistema educativo, se han venido a sumar las decisiones de política pública que lo condenan a la mediocridad y los graves efectos que en su funcionamiento ha provocado la Covid-19. No obstante, su gran sensibilidad  para  replicar y profundizar con mayor fuerza los impactos de la crisis sanitaria y que su alto potencial  transformador es la clave  para iniciar una nueva etapa en el desarrollo del país, la educación no parece ser una prioridad en las acciones del Gobierno.

Hoy, México se encuentra entre los países con más bajo desempeño educativo de los 36 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La emergencia generada por la pandemia obligó a que las autoridades educativas  suspendieran las clases presenciales para más de 36 millones de alumnos del sistema educativo del país y se establecieran estrategias para continuar con el ciclo escolar mediante la educación a distancia. Fue una verdadera conmoción para toda la sociedad y especialmente para la comunidad educativa.

La crisis sanitaria vino a poner de relieve los temas que desde hace tiempo eran ya parte del debate de la catastrófica situación de la educación en México:  las desigualdades entre regiones, entre áreas urbanas y rurales, y entre las condiciones económicas de las familias; la falta de pertinencia de los contenidos curriculares en relación con las nuevas realidades del país y el mercado de trabajo; la deficiente formación y actualización de los docentes; las insatisfactorias condiciones laborales y de bienestar de los docentes; el compromiso de los padres de familia con la instrucción de sus hijos y, por supuesto, el muy bajo rendimiento de nuestros estudiantes según todas la pruebas acreditadas de los organismos internacionales y de la propia autoridad educativa nacional.  Ahora,  también se ha tenido que incluir en esta reflexión el  papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el proceso educativo.

La contingencia cambió el futuro y –como en todos los ámbitos– obligó a adelantar aceleradamente el uso del internet y sus tecnologías asociadas, la televisión y la radio para darle continuidad a los aprendizajes. Los docentes tuvieron el trabajo extraordinario de prepararse para enfrentar lo inesperado: la enseñanza a distancia, la inevitable experiencia de constatar el abandono escolar de algunos de sus alumnos, la falta de comunicación con ellos, la dificultad para involucrar a los padres de familia, sus propias limitaciones para manejar las tecnologías virtuales. Los padres – sobre todo las mamás- como nunca, tuvieron que reaccionar y organizarse para respaldar a sus hijos en esta nueva normalidad de la escuela en casa.

Los resultados, sin embargo, no acaban de ser convincentes. Primero, porque la continuidad de los aprendizajes mediante el internet y las tecnologías virtuales no se puede garantizar para todos, más de 30% de los estudiantes no cuenta con los medios para conectarse; segundo, porque no todos los maestros cuentan con las competencias digitales para garantizar el éxito de la enseñanza por estos medios; y tercero, porque los padres no están preparados  para respaldar a sus hijos en esta contingencia. A ello debemos agregar la duda razonable sobre si los contenidos de cada grado y asignatura son los adecuados para enfrentar la “nueva normalidad” que comenzamos a vivir. Y algo más que ha quedado muy claro en estos meses: no hay nada que pueda sustituir el proceso de enseñanza aprendizaje como una experiencia humana de socialización: la educación es un proceso social.

Urge repensar cómo debe funcionar el sistema educativo en los próximos ciclos escolares para sentar las bases de una política  que trascienda la contingencia sanitaria y la coyuntura electoral. Urge replantear los contenidos curriculares de la educación básica para darle una mayor importancia a los lenguajes -lectura, escritura y matemáticas- y con ello potenciar las capacidades de auto aprendizaje de los alumnos. Urge, en fin, definir una política educativa de Estado que haga posible un país con mayores oportunidades para todos, competitivo y próspero.