Ciudad de México.- La organización civil Data Cívica reportó que 2024 ya es el año con más casos de violencia política de corte criminal en México, con 617 registros hasta noviembre, que ya superaron los 570 documentados en todo 2023, según la más reciente actualización del informe ‘Votar entre balas’.

“ El 2024 se posiciona como el año más violento contra personas en la política, seguido de 2023”, alertó la ONG en un comunicado.

Además, la organización destacó que Sinaloa encabeza los registros de noviembre, con 11 del total de 45 registros de violencia a nivel país por parte de la delincuencia organizada contra personas del ámbito de la política o gubernamental, según su conteo.

“ En promedio, Sinaloa estaba registrando menos de un caso al mes por este tipo de violencia, pero con el aumento de la violencia en septiembre pasamos a un conteo de siete casos; un aumento que también vemos en noviembre con 11 casos”, indicó la ONG.

Asimismo, resaltó que la violencia en Sinaloa se ha exacerbado tras la captura de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y de Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de ‘El Chapo’, por autoridades de Estados Unidos a finales de julio pasado, violencia que ha sido una constante desde entonces.

Tan solo en noviembre, al menos 7 funcionarios de seguridad fueron asesinados fuera de combate en Sinaloa, según la base de datos de ‘Votar entre Balas’.

Entre las víctimas destacan los exsecretarios de Seguridad de Mazatlán, Simón Malpica Hernández y Juan Ramón Alfaro Gaxiola, asesinados con 15 días de diferencia.

“ También registramos la amenaza contra el gobernador de Sinaloa, Joaquín Rocha Moya, en donde se le exigió cancelar la Expo Ganadera 2024, la cual finalmente no se realizó”, apuntó la ONG.

Además, en septiembre, fue asesinado en Culiacán, capital de Sinaloa, Faustino Hernández Álvarez, líder de una organización ganadera y exfuncionario de la ciudad, agregó el informe.

Finalmente, la ONG detalló que en el periodo de 2018 a 2024 han registrado un total de 2 mil 221 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos, de las que un 78 por ciento corresponde a personas del género masculino.