Por: Óscar Mario Beteta

La reciente salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública, donde estuvo a cargo de elaborar más de 156 millones de libros de texto gratuitos para al menos 24.1 millones de estudiantes del nivel básico, nos obliga a pensar en nuestro sistema educativo.

No se trata solamente de la baja –con sainete y berrinche incluidos– de un funcionario que hizo un enorme daño en una institución de primer orden para el país; es también un debate sobre las credenciales de los funcionarios que dirigen el destino de México y nuestro propio rumbo.

Desde su creación en la década de los 20 bajo el liderazgo de José Vasconcelos, la Secretaría de Educación Pública representó una de las apuestas más ambiciosas del México moderno. Se trataba de una empresa civilizatoria, asentada sobre la firme idea de construir una nación a través de la enseñanza en las aulas.

Décadas después, en 1960, la instauración de los libros de texto gratuitos consolidó un proyecto educativo de alcance nacional que, con todos sus límites, buscaba cohesión, calidad y un horizonte común.

Era otro México. Un México con más decoro, en el que estaba instalada la idea de que la educación pública era asunto de Estado y no un botín político. No hay que negar que nuestro país siempre ha estado atravesado por una corrupción vergonzosa, pero quienes ocupaban posiciones como la titularidad de la SEP solían llegar con trayectorias académicas sólidas, prestigio intelectual y una noción clara de responsabilidad histórica. Podían equivocarse, pero no eran improvisados.

Las escuelas públicas, especialmente en zonas urbanas, alcanzaron estándares que hoy parecen lejanos. Hubo un impulso serio por ampliar la jornada escolar, profesionalizar al magisterio y dotar a los planteles de infraestructura digna. La educación no era perfecta, pero había rumbo. Había un proyecto.

El problema actual no es la reforma –reformar es necesario y el sistema educativo en México ha tenido al menos seis grandes cambios estructurales desde 1992–, sino la alteración constante y caprichosa del modelo educativo por parte de funcionarios cuya principal credencial no es su preparación profesional, sino su lealtad política. No llegan a transformar con diagnóstico y evidencia; llegan a desmontar lo anterior por consigna. Se distinguen más por la ignorancia, la desfachatez y el desparpajo que por el conocimiento pedagógico o la experiencia académica.

El resultado es una educación desfasada, desvinculada de la realidad del país y del futuro del mundo. Mientras otras naciones discuten cómo integrar de manera crítica la inteligencia artificial, la robótica y las competencias digitales avanzadas en sus currículos, México debate ocurrencias ideológicas o modifica planes de estudio sin claridad metodológica ni evaluación rigurosa. ¿Con un liderazgo educativo de este nivel estamos realmente preparados para los desafíos tecnológicos y económicos que vienen?

La degradación del sistema educativo no puede entenderse aislada del deterioro general de la clase política. El nivel cultural, la preparación técnica y, sobre todo, la honestidad intelectual de quienes toman decisiones públicas han disminuido de forma alarmante. Cuando la educación se convierte en campo de batalla ideológica o en plataforma de improvisación, pierde su función estratégica, que es formar ciudadanos críticos y trabajadores capaces de insertarse en un mundo complejo.

México no necesita nostalgia, pero sí memoria. Recordar que hubo momentos en que la educación pública fue pensada con grandeza ayuda a dimensionar la mediocridad actual. Si la SEP nació como proyecto de nación, hoy corre el riesgo de convertirse en instrumento coyuntural. Y sin un sistema educativo sólido, pertinente y conducido por personas preparadas e íntegras, el país no sólo se rezaga, sino que compromete su futuro para llevarnos al abismo educativo.