La encuesta más reciente (enero 2022) que llevó a cabo un diario de circulación nacional, ubicaba al presidente López Obrador con un nivel de aprobación de su gestión de 60%, 6 de cada 10 ciudadanos se sienten satisfechos con su Gobierno; proporción que se considera elevada después de más de 3 años de estar al frente del Poder Ejecutivo. Las muestras estadísticas han sido referentes, utilizados para tomar la opinión de la sociedad sobre algún tema en particular; los políticos acuden frecuentemente a ellas para evaluar su desempeño.

Una de las políticas que más éxito ha tenido de la presente Administración es aquella que maneja la Secretaría del Bienestar.

El programa de 65 años y más. El subsidio a los adultos mayores lo administra el recién creado Banco del Bienestar, que desde su inicio ha tenido problemas en su desempeño financiero; en diciembre, 2018, sustituye al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), a pesar de su reciente incorporación al mercado, en un lapso de tres años ha tenido tres directores y ha rescindido dos contratos con empresas que había adjudicado en forma directa, sin concurso previo para el seleccionar al mejor postor; el primero fue la adquisición de cajeros automáticos, y el otro proyecto fue para que le manejara la administración del banco, finalmente lo cancelaba en diciembre, 2021. Este último compromiso ascendía a 18 mil 313 millones de pesos, cantidad nada despreciable, y en teoría cubriría de forma completa el sexenio presidencial.

Lo que llama la atención, y es susceptible de sospechas, es que la compañía responsable de las operaciones del banco se creaba apenas en 2018, muy reciente para cumplir cabalmente con sus encomiendas.

La bancarización del país. Uno de los objetivos de la creación de la institución financiera que nos ocupa, es que las personas o familias de menores recursos tuvieran acceso al sistema bancario, a través del ahorro, crédito, pago de servicios, cobro de becas o subsidios, etcétera. El disponer de la tarjeta de débito del Banco del Bienestar puede ser el primer paso para la bancarización. Sin embargo, en los primeros meses de la presente Administración federal, por el grado de desconfianza o descomposición social que imperaba entre la burocracia pública, se tomaba la decisión de entregar directamente, y en dinero en efectivo, a las personas beneficiadas con el programa del adulto mayor.

Con el paso del tiempo el Gobierno se daba cuenta que seguir con esa política no era funcional para la viabilidad del programa. Por ello, a partir de 2021, los beneficiarios que se incorporan por primera vez al padrón de 65 y más, se les entrega personalmente una tarjeta de débito. Se enmendaba la plana, y se seguía con prácticas, ya probadas por la banca comercial, como el uso de las tarjetas en lugar de efectivo. Además era una contradicción en relación con la bancarización de la población.

Presupuesto del Banco del Bienestar. Es una institución que ha aprovechado los recortes presupuestales que se han hecho a dependencias, y organismos públicos, así como a entidades federativas, para nutrir sus finanzas. Por ejemplo en 2020, se le autorizó un monto de 4,212,479.1 millones de pesos, pero finalmente el presupuesto pagado llegaba a 9,304,828.2 millones de pesos (Fuente: Cuenta Pública 2020). Un incremento de más de 100 por ciento. La justificación que se daba para tal aumento, era que requería de mayores montos de inversión para la construcción de sucursales bancarias en el país. También, como se dijo, le corresponde administrar uno de los programas insignia del Gobierno: la pensión universal no contributiva a los adultos mayores, que en 2020 su presupuesto ejercido fue de 128 mil 650.1 millones de pesos (Fuente: CEFP, Cámara de Diputados).

A manera de conclusión. Es una insana costumbre de los gobiernos de México el anteponer el interés político sobre cualquier otro criterio sustentado en el sentido común y lógica económica. Este régimen no fue la excepción, en el caso que nos ocupa, tratan de construir equipo e infraestructura, a pesar de que ya existe en el país una red bancaria comercial que puede realizar las funciones del citado banco. A través de incentivos fiscales el Gobierno pudo haber contratado a un ente privado, que le hubiera ahorrado al erario alrededor de 50 mil millones de pesos.