“La corrupción de los gobiernos comienza casi siempre por la de sus normas y principios”, Montesquieu
Durante la sesión de la Diputación permanente de esta semana una diputada del PRI presentó un punto de acuerdo para reactivar el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y así darle recursos al Estado para enfrentar los incendios forestales.
“Ante la ausencia de este fondo los municipios y estados de todo el país tienen que trabajar para prevenir estos desastres con su propio presupuesto, lo que no es suficiente para abastecer las problemáticas que cada año ocurren”, sostenía.
El 18 de junio acudí a llevar un poco de agua embotellada a los brigadistas de Conafor, quienes en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional, de las autoridades estatales y municipales combatían el incendio en Las Maravillas, municipio de Ramos Arizpe, ahí pude constatar (sin menoscabo de la participación de los otros niveles de Gobierno) que la mayoría del esfuerzo en cuanto a personal y recursos lo lleva a cabo el Gobierno de la Federación.
Ante las imprecisiones de la diputada, subí a tribuna a darle respuesta.
Y es que en teoría como muchos otras políticas públicas el Fonden tenía un buen objetivo. No obstante se daba con opacidad, desvío de recursos y corrupción.
Durante los gobiernos neoliberales la Secretaría de Gobernación hacía la declaratoria de emergencia por un desastre natural y autorizaba el gasto, el dinero era dispersado y entregado por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), donde se registraban los padrones de beneficiarios; así, en los sismos de septiembre 2017 con la construcción de viviendas que podemos imaginar… pues sólo con imaginación podemos concebirlas, ya que no existen.
Los desastres se tomaban con excusa para desviar recursos y dotar a los políticos de una caja chica para sus excesos grandes.
Era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas o hacer obras sin licitación así como transferir dinero del Gobierno de la Federación a los estados. Existen en la Fiscalía General de la Federación, carpetas de investigación en las que se siguen recabando datos de los involucrados en nuestro estado.
Recordamos particularmente el caso de una funcionaria estatal que en 2016 tuvo que separarse del cargo porque recibió más de 24 millones de pesos por medio de su empresa todologa dedicada a la construcción y urbanización, pero que también tramitaba servicios y certificados, realizaba convenios, consultaba en maniobras portuarias y aeroportuarias, brindaba servicios aduanales, producía granos y forrajes y probablemente hasta vestía niños dioses. Fue tal el exceso que facturó sin licitación casi 50 millones de pesos por cobijas térmicas, entre otros.
Por eso dije y sostengo que no piden que vuelva el Fonden para trabajar en la prevención de los desastres, aspiran a ser una nueva versión de “Lady cobijas”.
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