Glosario:
Un decreto permite que el Gobierno tome decisiones urgentes, con procedimientos rápidos y sin pérdida de tiempo. El decreto, por lo tanto, ofrece la posibilidad constitucional al Poder Ejecutivo de crear normas con rango de ley sin la intervención o autorización previa del Congreso.

Autos chocolate, como coloquialmente se les conoce, son automóviles de marcas, modelos y/o versiones ya no comercializadas en México desde hace años o que nunca fueron comercializados en México por concesionarios.

El 95% de estos vehículos proviene de Estados Unidos. Este problema se ha incrementado notablemente durante los últimos 15 años, en parte causado por una mayoría poblacional que no puede adquirir automóviles nuevos.

En el 2013, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles AMDA denunció que estos autos frenan el desarrollo automotriz del país, causan bajas ventas nacionales y pérdida de empleos. Es por ello que el crecimiento económico automotriz no se incrementa.

El despropósito:
El Gobierno de la República ordenó publicar en el DOF el decreto mediante el cual se permitirá la regularización de “los autos chocolate”.

Esta es una de esas acciones que demuestran cómo el Gobierno tolera actos ilegales –como introducir a territorio nacional un vehículo que no cumple con ciertos requisitos– actualmente en nuestro país hay alrededor de 18 millones de vehículos en estas condiciones, esto representa el 25% del parque vehicular total. Con el paso del tiempo este fenómeno se ha agravado, según un estudio, en 1992, circulaban en el país alrededor de 80 mil unidades irregulares. Hoy hay 30 veces mas.

Desgraciadamente con esto, México se consolida como el “yonke” más grande del mundo, de los vehículos que Estados Unidos ya no quiere.

Tan solo en lo que va de este Gobierno, han entrado cerca de 10 millones de estos vehículos. El argumento para defender el decreto es que –como lo han dicho otros presidentes– se van a resolver varios problemas en materia de seguridad pública, ya que en teoría en muchas ocasiones estos vehículos se utilizan en hechos delictivos.

La verdad es que el Gobierno de la 4T no ha dado datos, ni cifras contundentes al respecto, pero lo que es una realidad es que a las arcas del Gobierno entrarían, producto de los 2 mil 500 pesos que van a cobrar por cada una las 2 millones de unidades a regularizar, alrededor de 5 mil millones de pesos.

Se puede considerar poco dinero, si tomamos en cuenta el daño que causa a la economía esta actividad, pero también puede ser mucho dinero si se considera que el Gobierno necesita recursos para financiar los compromisos electorales.

El decreto en sí mismo no solo genera daño a distribuidores o lotes de autos seminuevos, también a propietarios de vehículos legales, a aquellos que se han esforzado en tener un vehículo y estar al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales, ya que los mas de 2 millones de vehículos que se piensan regularizar, estarían saturando la oferta en el mercado secundario, sobre todo los vehículos con antigüedad de ocho o mas años –que son los que se permitirá regularizar– y con ello disminuiría el valor del patrimonio de quien tiene un vehículo, al final todos perdemos.

Este Gobierno no ha asumido el compromiso de acabar con la corrupción en las aduanas, este decreto es un despropósito. Es una falacia que el contrabando entra por brechas, por lugares inhóspitos o por zonas no vigiladas, la realidad es que entran por el flujo vehicular destinado al intercambio comercial ante el beneplácito de los agentes aduaneros.

Y eso estimados lectores, ¡eso es corrupción! Al final de cuentas y lejos de resolver el problema, el resultado de este decreto impacta negativamente en la industria y no deja de ser una medida populista y electorera, que evade una gran responsabilidad.