“ El pauperismo es el hospital del ejército del trabajo.”

K.Marx.

En la década de los 80 inició en el sureste de Coahuila el despegue del clúster automotriz; GM y luego Chrysler al instalarse en Ramos Arizpe modificaron el mercado de trabajo que hasta esa fecha había mantenido de manera monopólica el Grupo Industrial Saltillo. Esto también modificó el desarrollo urbano, hasta entonces comercial y rural de la región. 40 años después encontramos los efectos de la pauperización entendida como la última escala de la miseria donde se encuentran las personas que no aportan a la sociedad y que son las más fácilmente manipuladas: son los clientes de las despensas y del voto del hambre, son los enemigos de la transformación y del gobierno de los trabajadores.

A medida que se desarrolla la industria, si para los trabajadores hay ocupación precaria en condiciones laborales injustas, o bien cuando estas existen, no hay correspondencia en la prestación de servicios públicos y de vivienda digna, para el lumpen simplemente no hay trabajo a pesar de la sobreoferta. Se da entonces desigualdad y exclusión que generan un tejido marginal y vulnerable al que las políticas públicas de seguridad incapaces de integrar lo combaten de una manera parcial.

En principio la metanfetamina cristalina o cristal era legal y se utilizaba bajo el nombre comercial de Pervitin; las farmacéuticas proponían su uso para aumentar la eficiencia en el trabajo. Hoy se ha convertido en una amenaza por lo bajo de su costo y lo adictivo de su consumo.

Diversos estudios prueban la relación entre drogas y delincuencia esta puede ser inducida, relacional y por último funcional, que es la comisión de delitos para comprar drogas y es la que nos interesa en este artículo.

El consumo de cristal está terminando con el tejido social en las zonas marginadas urbanas y rurales del sureste de Coahuila, donde su consumo ha provocado robos, riñas y narco menudeo. Cada semana se repite la misma cadena en la cual los detenidos son trasladados a centros especializados donde por la menor cuantía del ilícito son liberados sólo para volver a reincidir. Si bien es cierto que la víctima por lo general no colabora presentado la denuncia que permitiría su combate, también es cierto que a las autoridades de seguridad se les vincula a la protección de estos adictos que son la fuente de un negocio que está terminando por destruir el tejido social.

Sólo será posible responder la demanda de seguridad pública y contra el pandillerismo que me han hecho saber en mis recorridos, con un nuevo marco legal que establezca las políticas públicas y las estrategias para que desde una perspectiva integral reconstruirlo a través de una visión de bienestar más justa, más equitativa y sobretodo más humana.