Además del riesgo de perder 40% de sus integrantes en las elecciones intermedias, la Alianza Federalista adolece de otra debilidad: pesa poco en el Congreso para incidir en la agenda nacional, como se vio el mes pasado con la aprobación del presupuesto de 2021.

Los estados del frente con mayor número de diputados son Jalisco (16 de Movimiento Ciudadano) y Guanajuato (14 de Acción Nacional). Pero hay gobernadores que no tienen un solo legislador: Jaime Rodríguez (independiente), de Nuevo León, y José Rosas Aispuro (PAN), de Durango.

Morena –solo o con sus aliados– tiene mayoría de diputados federales en siete de los 10 estados de la Alianza. Las excepciones son Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes, donde el movimiento del presidente López Obrador perdió todos los distritos en 2018.

El partido gobernante de Chihuahua ocupa cuatro escaños en San Lázaro; los de Coahuila y Tamaulipas, tres cada uno; y los de Colima y Michoacán, uno en cada caso. Esa es una de las razones por las cuales no han podido empujar la reforma a la ley de coordinación fiscal.

El dominio de Morena y sus aliados –PT, Encuentro Social y Verde– en la legislatura actual les permite, por un lado, aprobar la mayoría de las iniciativas del presidente López Obrador; y por otro, contener a las oposiciones. Así ocurre en cualquier democracia.

Lo mismo hicieron el PRI, PAN y PRD en la Administración de Peña Nieto para sacar adelante las reformas energética, fiscal, educativa y laboral; ahora se sabe que mediante sobornos. Morena fue excluido del Pacto por México.

Peña encabezó un Gobierno dividido, pero los votos del PRI, PAN y PRD le aseguraban mayoría en ambas cámaras. Basados en esa fuerza –pues los diputados y senadores eran “suyos”–, los gobernadores obtenían mayores presupuestos e impunidad de la Federación. También presionaban en el Congreso para recibir fondos y aportaciones cada vez más generosos.

Su influencia política les permitía impulsar proyectos en distintas secretarías de Estado. Sin embargo, las inversiones no siempre llegaban a su destino por la alta corrupción y el desvío de recursos al bolsillo de los gobernadores, de su

círculo cercano y a las campañas electorales, como pasó en Chihuahua y en otras entidades.

La elección de 2018 invirtió los papeles: hoy Morena y sus satélites suman 333 diputados (66.6% de la Cámara). Con respecto a la anterior legislatura, el PRI bajó de 205 a 48, el PAN de 109 a 77 y el PRD de 54 a 12.

El partido del Presidente controla las comisiones más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto de la Federación. El grupo lo preside Erasmo Robledo, diputado por Tamaulipas, uno de los estados que han amagado con romper el pacto federal.

Los gobernadores de la Alianza Federalista saben que bajo las condiciones prevalecientes no pueden avanzar su agenda en el Congreso, y es por eso que presionan desde fuera, mediáticamente.

Más aún, deben estar conscientes de que si en los comicios del año próximo pierden cuatro de los estados miembros –Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Colima– y Morena vuelve a ganar la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados, el bloque estaría liquidado.

AMLO va por la mayoría de las gubernaturas. Si lo consigue, a los aliancistas les aguarda un fin de sexenio más difícil todavía. Hay algunos que incluso podrían no concluirlo. Por lo pronto, la Alianza perderá a dos de sus líderes: Javier Corral y Jaime Rodríguez, cuyos gobiernos terminarán en 2021.