Pensar en un poder judicial libre de ideologías e influencias políticas es una utopía, al menos en un buen número de los 73 países cuyo régimen es presidencialista. En Estados Unidos, una de las democracias más longevas del mundo, mas no por ello la mejor, hoy mismo se discute la pertinencia de cubrir —en el marco de una elección presidencial controversial— la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte. Bill Clinton la nominó al principio de su mandato.

La Corte Suprema de Estados Unidos la componen nueve jueces. De los ocho en funciones, tres deben su nombramiento a George Bush; uno, a Bill Clinton; dos, a Barack Obama; y dos, a Donald Trump. La favorita del presidente para sustituir a Bader es la ultraconservadora Amy Coney Barret. Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, presiona para que el Senado, controlado por los republicanos, difiera el relevo de Bader para el año próximo. En tal caso, correspondería a él y no a Trump designar al noveno juez del Tribunal Supremo de Justicia.

Sin embargo, Trump no le dejará el campo abierto a los demócratas por dos razones fundamentales: 1.- El Partido Republicano está hoy en condiciones de elevar su mayoría en la Corte (6-3); 2.- Ante la eventualidad de que el resultado de la elección del 3 de noviembre se decida en el Tribunal, como sucedió en 2000 en favor de George Bush, superado en votos populares por Al Gore, una Corte afín le permitiría conservar el poder otros cuatro años. Biden encabeza la intención de voto, pero Trump está decidido a enturbiar el proceso.

Los miembros de la Corte de Estados Unidos son nombrados de por vida y solo pueden ser destituidos mediante juicio político por el Congreso. Si en el Tribunal Supremo las ideologías y los intereses partidistas desempeñan un papel relevante, con mayor razón en la Cámara de Representantes y en el Senado. El presidente de turno empuja su agenda en el Congreso: liberal, como la de Obama, o conservadora, en el caso de Trump.

En México sucede lo mismo, Andrés Manuel López Obrador ha nombrado dos ministros para la Corte con el aval del Senado: Juan Luis González (diciembre de 2018) y Yasmín Esquivel Mossa (marzo de 2019). Sustituyeron a José Ramón Cossío y a Margarita Luna Ramos (nominados por Vicente Fox), quienes cumplieron el periodo constitucional de 15 años. La renuncia de Eduardo Medina Mora, funcionario en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, sin experiencia en la judicatura, le permitió a AMLO ganar otro asiento en el Tribunal con Margarita Ríos Fajart. Medina renunció entre acusaciones de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

López Obrador tiene mayor margen de maniobra que Trump, cuyo partido es minoría en la Cámara de Representantes. Morena controla el Congreso y el Senado, y con el voto de sus aliados alcanza la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Hoy se acusa, no sin razón, que AMLO influye en la Corte y en el Congreso. Siempre ha sido así, pues el sistema presidencial lo permite. Para lograr una separación real de poderes existen varias condiciones: respeto a la Constitución, que los legisladores representen auténticamente a sus electores y que los jueces se apeguen a las leyes por encima de ideologías y partidos. ¿Imposible? No. Costa Rica, Guatemala, Perú y no se diga Uruguay, nos dan el ejemplo.