Las llaman así por despreciadas. Son las elecciones de diputados. Nadie las acompaña, excepto el abstencionismo, algunas sombras ominosas y una autoridad comicial deslegitimada. Las votaciones de alcaldes y gobernador, en cambio, generan expectativa, despiertan ambiciones, empujan pactos -algunos visibles, otros clandestinos, pero casi siempre dañosos para el estado-, pues implican presupuesto y estructuras político-administrativas. El poder permite repartir dinero, contratos entre amigos y empresas fantasma, puestos públicos, prebendas y protección, incluso a cárteles.

Los responsables directos del desprecio ciudadano hacia el Poder Legislativo son los diputados por abdicar de su función de contrapeso para ponerse al servicio del gobernador de turno, de sus partidos y de intereses personales en vez de cumplir el papel de representantes populares. En sentido amplio, el aforismo del dictador Antonio López de Santa Anna según el cual «mientras tengamos Congreso no habrá progreso», en Coahuila se cumple a pie juntillas. Las cuatro legislaturas de los Moreira, integradas por acólitos, juniors, empresarios y dueños de medios de comunicación, sobresalen por abyectas: legalizaron una deuda espuria, avalaron reformas autoritarias, hicieron la vista gorda frente a asesinatos masivos y desapariciones forzadas y boicotearon todo intento por investigar el desvío de recursos y casos flagrantes de enriquecimiento.

El veredicto ciudadano por 12 años de corrupción, nepotismo y desgobierno se dictó en las urnas el 4 de junio de 2017. La votación del PRI cayó 33% con respecto a 2011. Miguel Riquelme ganó la gubernatura por un margen de 2.5%, pero perdió municipios importantes -excepto Saltillo, por una alianza político-empresarial- y el control del Congreso. La tendencia se mantuvo en 2018 cuando su partido fue desplazado de las alcaldías de Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero, en las cuales jamás había habido alternancia. También perdió las elecciones de senadores y cinco de siete diputaciones federales.

Las oposiciones desaprovecharon su condición de mayoría en la actual legislatura -el PAN, UDC, Morena, PRD y dos independientes suman 15 diputados contra 10 del PRI- al ser cooptadas como las precedentes. Otras tuvieron un papel menos mediocre. Es el caso de la 58, con menor presencia opositora, pero con más agallas. Humberto Moreira dejó de acudir al Congreso después de ser interpelado por la bancada del PAN. A partir de entonces, suplantó la formalidad republicana con escenografía barata y faramalla ante públicos cautivos. Los «informes de resultados» eran actos de culto a su persona y de ilusionismo para encubrir la deuda por más de 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores.

Es la segunda vez -en 90 años- que un gobernador carece de mayoría en el Congreso. En las elecciones intermedias de Rogelio Montemayor, el PRI perdió más del 50% de los distritos y las alcaldías de Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe. Para salir del brete, el Gobierno compró diputados; otros ya eran satélites del PRI. Patricia Vargas, expresidenta de Participación Ciudadana 29, recapitula: «Por décadas (…) esperamos contar con un Congreso más plural, que representara un verdadero contrapeso y balance al poder del Ejecutivo estatal. Esta última legislatura prometía serlo, pero la avaricia y las luchas de poder fueron más importantes de librar para los diputados que las necesidades de los habitantes del estado. Y la próxima legislatura no parece representar un gran avance» («¿Merecemos a esos candidatos?», Espacio 4, 649).