Ciudad de México.- Durante 2024 fueron documentados 94 eventos de agresión contra defensores de derechos humanos ambientales en 20 entidades del país.

La cifra es significativamente menor a la de 2023, cuando se registraron 123; sin embargo, las agresiones letales aumentaron de 20 a 25, advierte el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en su informe anual en la materia, presentado este jueves.

La mitad de los eventos de agresión se registraron en cinci entidades: Oaxaca (15), Chiapas (9), Michoacán (9), Puebla (9) y Veracruz (8).

En tanto, la entidad con mayor número de eventos de agresión que involucraron homicidios fue Chiapas, con 9.

En esa entidad fueron asesinados el 12 de mayo Ignacio López y 10 miembros de su familia en el marco de un conflicto entre la comunidad del ejido de Nueva Morelia y un grupo del crimen organizado que asumió el control de una mina de barita en la región que fuera clausurada por la Profepa.

Cuatro meses antes, el 12 de enero, fue asesinada Carmen López Lugo, integrante del Consejo Nacional Indígena que se había destacado en la defensa del territorio del ejido de Tila, mientras que el 20 de octubre fue ultimado en San Cristóbal de las Casas el sacerdote tzotzil Marcelo Pérez, fundador del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

El informe refiere también los homicidios de Marcos Sánchez Perea, presidente del Comisariado Ejidal, y los guardabosques José Ángel Pelcastre, Ventura Ojeda y Florentino Castro en San Andrés Hueyacatitla, cerca de las laderas del volcán Iztaccíhuatl, en Puebla.

Consigna además las muertes violentas de Javier Ochoa Tejeda, activista que lideró la defensa medioambiental en contra del relleno sanitario de Paso de Ovejas, en Veracruz; Antonio Regis Nicolás, líder indígena nahua de la comunidad de Santa María Ostula, en Michoacán, y de Minerva Pérez Castro, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Baja California, quien impulsó prácticas sustentables en esa actividad.

El Cemda indica que, además del homicidio, los principales tipos de agresión documentados el año pasado fueron intimidación, hostigamiento, homicidio, criminalización y estigmatización.

Señala que el total de defensores víctimas de los eventos de agresión documentados ascendió a 301, una disminución de 115 respecto a 2023.

Poco menos de la mitad de los eventos de agresión, 43, estuvieron dirigidos contra miembros de comunidades y casi un cuarto, 21, contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

En dos terceras partes de los eventos, 62, el principal responsable fue algún agente del Estado, incluyendo funcionarios federales, policías estatales y municipales y personal de fiscalías, entre otros.

Les siguieron personal de empresas privadas, con 25 eventos, e integrantes del crimen organizado, con 17.

Por sectores involucrados, los que registraron más eventos fueron el agropecuario (14), vías de comunicación (13), forestal (12), urbano (10), turístico (8) y contaminantes, biodiversidad, minería e hídrico (6 cada uno).

El informe urge a “implementar políticas públicas integrales que garanticen el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo de Escazú, en particular para garantizar que la labor de defensa de los derechos ambientales sea ejercida con libertad y seguridad por cualquier persona o comunidad”.