Francia.- Los 20 mil asistentes a un fiesta ‘rave’ en el centro de Francia corren un grave riesgo por estar en las proximidades de una zona en la que hay municiones enterradas de la Segunda Guerra Mundial que podrían explotar, advirtió este sábado 2 de mayo el prefecto del departamento Cher, Philippe Le Moing Surzur.

Despliegan elementos de seguridad en la zona

“Hay que esperar lo peor y para nosotros lo peor sería la explosión de una munición de la Segunda Guerra Mundial que sabemos que todavía hay en las zonas boscosas alrededor de la zona de la concentración”, señaló en una rueda de prensa Le Moing Surzur, representante del gobierno francés en Cher.

El rave, celebrado cerca de la ciudad de Bourges, a algo más de 200 kilómetros al sur de París, concentra actualmente a 20 mil personas en un campo de tiro militar, donde también hay miles de vehículos aparcados y tiendas de campaña plantadas.

Desde el viernes 1 de mayo, están movilizados en la zona hasta 600 gendarmes para velar por la seguridad del acontecimiento. Al menos 32 personas han sido multadas por posesión ilegal de drogas y 12 personas han resultado heridas leves, según el último balance.

Las fiestas clandestinas en Francia

Los participantes a este tipo de fiestas ‘rave’, que son clandestinas y se celebran normalmente en zonas naturales abandonadas o áreas urbanas remotas, vienen de numerosos países de Europa con la idea de pasar varios días bailando al ritmo de la música electrónica en medio del alcohol y la droga.

Los ‘raves’ se han popularizado en Francia en los últimos años al tiempo que han creado un fuerte movimiento de contestación, sobre todo en las áreas rurales en las que se celebran debido a las molestias y potenciales altercados que generan.

Por ello, un proyecto de ley presentado por una diputada del centroderecha para endurecer los castigos a los organizadores de estas fiestas está en proceso de aprobación en el Parlamento francés.

La norma, que ya salió adelante en abril en la Asamblea Nacional francesa y que debe aún de pasar por el Senado, contempla hasta seis meses de cárcel y 30 mil euros de multa para las personas implicadas directa o indirectamente en la organización.