Coahuila

Publicado el miércoles, 29 de abril del 2026 a las 11:29
Saltillo, Coah.- Alumnas de la Facultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Coahuila, proponen una reforma legal para precisar que la violencia digital sexual y no sexual son aquellos actos dolosos que causen daño a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres y las niñas, cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
Victoria Ibarra Cantú e integrantes de “Lex Sororitas de GirlUp Jurisprudencia” entregaron al Congreso del Estado la iniciativa que modifica el Artículo 8 la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Argumentan que la fracción XII se centra en la divulgación no consentida de contenido íntimo o sexual, pero no especifica los efectos y manifestaciones que vulneran el bienestar psicoemocional y la seguridad personal de las víctimas.
“La ausencia de esta precisión deja un vacío interpretativo que puede limitar la respuesta institucional, la reparación integral del daño y las acciones de prevención”.
“La adición propuesta no crea nuevas figuras penales ni modifica los procedimientos administrativos ya previstos en la Ley, sino que amplía la comprensión jurídica de la violencia digital, fortaleciendo su enfoque de salud emocional y seguridad personal”.
Con esto se brinda una base legal más sólida para la actuación de las instituciones encargadas de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, como la Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General del Estado y los centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.
Asimismo, contribuirá a sensibilizar al personal sobre las manifestaciones digitales de la violencia de género y fortalecerá el diagnóstico, la atención y reparación del daño.
Cubre conductas digitales que no implican contenido íntimo sexual, pero que vulneran la salud emocional, la integridad, la libertad, la reputación y la seguridad de las mujeres, como el acoso digital, la vigilancia no consentida, la suplantación de identidad, la difusión de rumores o mensajes de odio, la coacción, las amenazas y el control digital de la víctima.
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