Ciudad de México.- Una jueza federal otorgó un amparo a Fernando Arellano Félix, quien es familiar de integrantes del cártel de Tijuana que fueron detenidos y extraditados a Estados Unidos en su momento, y quien busca recuperar inmuebles que le fueron asegurados hace 29 años por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Martha Georgina Comte Villalobos, jueza cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, le concedió la protección de la justicia, sentencia que ordena a la hoy Fiscalía General de la República (FGR) dejar sin efecto el aseguramiento decretado a distintas propiedades que se localizan en territorio jalisciense.

El fallo aclara que la FGR debe emitir un nuevo acuerdo, donde podrá decidir si regresa o no los inmuebles.

En caso que el Ministerio Público Federal determine devolverlos al quejoso, tendrá que hacerlo inmediatamente; o, también podrá dar otro destino a las propiedades, considerando el estado que guarda la averiguación previa y la situación jurídica de los mismos.

Pese a la sentencia favorable, ésta aún puede ser impugnada ante un Tribunal Colegiado, mismo que podrá modificar, confirmar o revocar el fallo.

De acuerdo con el expediente judicial, el auto de aseguramiento fue emitido contra diversas personas, pero en ningún momento se especificó que dicha medida debía ser contra Fernando Arellano, quien reclama legalmente la propiedad.

“ Han transcurrido más de 29 años de que fue dictada tal medida a la actualidad, sin que se pronuncie al respecto; existe inactividad ministerial porque no ha dictado un acuerdo que otorgue un nuevo destino al bien inmueble, por lo que subsisten las razones que fueron tomadas en su momento para decretarlo”, detalla el juicio promovido por el quejoso.

La juzgadora señaló que el acto reclamado contraviene la garantía de legalidad tutelada en los numerales 14 y 16 de la Constitución, ya que, al dictarse, la autoridad responsable no cumplió con el requisito de fundamentación y motivación adecuada que todo acto de autoridad debe colmar; aunado a que la persistencia de esa medida es violatoria de la seguridad jurídica del quejoso.

Es de mencionar que, los inmuebles fueron transmitidos a diversas dependencias, incluso al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF Zapopan).

Ahora, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) debe pronunciarse de nueva cuenta.

Cabe destacar que en la década de los 90, los hermanos Benjamín, Ramón, Francisco Javier y Eduardo Arellano Félix, fueron los líderes del cártel de Tijuana, una de las organizaciones más poderosas que operó en el país y la cual se enfrentó a los cárteles de Sinaloa y Juárez.

Información por Milenio