Desde marzo pasado, cuando iniciaba la estrategia de los gobiernos nacional y los locales para atender la emergencia sanitaria por Covid-19, en el país comenzó un ejercicio de observación y seguimiento al tema de compras públicas por la pandemia, liderado por los colectivos TOJIL y Transparencia Mexicana.

En el último reporte, ambas organizaciones de la sociedad civil y en un análisis con fecha de corte del 27 de julio de 2020, dieron a conocer que únicamente 12 de las 32 entidades del país había dado cumplimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en materia de adquisiciones, en un mecanismo de seguimiento a planes, programas, recursos y acciones por Covid-19 y sus efectos económicos.

Coahuila se encuentra en una buena posición dentro del diagnóstico presentado y tiene avance relevante en el tema, por encima de entidades como Zacatecas, Aguascalientes, Campeche, Tamaulipas, por citar algunos estados mencionados por los activistas.

Sin embargo, el nivel de exigencia por transparentar las compras públicas durante la pandemia, no ha sido el mismo para la Administración federal que carece de información sobre acciones de abasto de insumos a hospitales o instancias con presupuesto nacional como el IMSS, ISSSTE, Insabi, Sedena, Secretaría de Marina, por citar algunas oficinas a las que poco se les ha cuestionado en esta ruta por evitar o prevenir hechos de corrupción en compras por la emergencia de salud.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) concluyó en un estudio realizado y que tiene publicado en su sitio web, que la falta de protocolos de contratación en emergencias impide identificar las compras previas y posteriores a la pandemia, además de que gran parte de las adquisiciones analizadas incumplen con requisitos mínimos de transparencia establecidos en la ley.

Las más recientes compras en el IMSS carecen de fundamento legal que avale su ejecución, y más de 700 millones de pesos gastados por el instituto no cuentan con documentación suficiente para identificar bienes y servicios adquiridos.

En el ISSSTE y la Sedena el problema es el sobreprecio con el que han comprado insumos y equipo médico especializado. El IMCO reveló también la imposibilidad de rastrear las compras del Insabi, además de que en la plataforma Compranet no hay manera de distinguir compras de emergencia y las destinadas a las actividades normales de las dependencias.

En esta ruta por la prevención de hechos irregulares por adquisiciones directas con dinero público en la pandemia, las autoridades federales juegan un papel importante y no solamente los gobiernos locales que han habilitado micrositios Covid-19 donde alojan lo referente a la urgencia sanitaria.