Nueva York, EU.– El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, anunció formalmente que el gobierno de La Habana ha solicitado la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante lo que calificó como una “creciente agresión” por parte de Estados Unidos y la subsecuente crisis humanitaria en la isla.

El anuncio precede a una votación programada en la Asamblea General destinada a abrir un debate técnico sobre la campaña de “máxima presión” implementada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Durante una conferencia de prensa en La Habana, Rodríguez denunció que la diplomacia de Washington opera activamente para sabotear la iniciativa.

” “El aparato del Departamento de Estado intenta impedir que la Asamblea General aborde ese tema de interés global urgente, utilizando presión, mentiras y amenazas dirigidas a los estados miembros”, sostuvo el canciller cubano.

El cable filtrado: Directrices de la diplomacia estadounidense

La veracidad de las acusaciones cubanas encontró sustento en la filtración de un documento diplomático clasificado como SBU (Sensitive But Unclassified / Delicado pero no clasificado), obtenido originalmente por el periodista de investigación Ken Klippenstein y difundido por el semanario estadounidense The Nation.

El cable, titulado “Comprometer a estados miembros de la ONU en un debate público de la Asamblea General sobre Cuba”, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, detalla instrucciones precisas a las misiones diplomáticas de EU para neutralizar el debate o, en su defecto, controlar la narrativa internacional mediante tres estrategias específicas:

– Aliados estratégicos: Se les insta a emitir declaraciones de condena hacia el gobierno de La Habana, atribuyendo la crisis a la “corrupción masiva” y al fracaso de su modelo económico.

– Naciones no alineadas: La directriz de Washington exige una postura de abstención absoluta de comentarios durante las sesiones.

– Aliados tradicionales de Cuba (como México): El documento emite una advertencia explícita, señalando que la Casa Blanca “escuchará con mucha atención” las posturas adoptadas, sugiriendo que el apoyo a la isla podría generar fricciones en las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

El argumento oficial que los embajadores estadounidenses debían replicar sostiene que el debate extraordinario es un “desperdicio de recursos”, afirmando que la resolución anual sobre el embargo económico ya provee un espacio suficiente para discutir la situación.

Tensiones por la ayuda humanitaria y el marco legal internacional

El memorándum norteamericano minimiza el impacto del embargo económico y comercial —el cual ha sido condenado por la Asamblea General de la ONU de manera abrumadora en 31 ocasiones consecutivas— alegando que “el régimen cubano no tiene una economía real”.

El informe confronta además las afirmaciones de asistencia humanitaria de Washington. Mientras el cable destaca una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda —cuyo retraso adjudica a trabas burocráticas de La Habana—, registros de la ONU evidencian que Estados Unidos e Israel votaron recientemente en contra de un fondo de emergencia de 116 millones de dólares promovido por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) para contrarrestar la inseguridad alimentaria en la isla.

Analistas internacionales apuntan que, si bien Cuba arrastra deficiencias estructurales internas en su gestión macroeconómica, las recientes reformas dirigidas a la apertura del sector privado y la inversión extranjera se enfrentan al freno punitivo de las sanciones, que incluyen el bloqueo de suministros energéticos y penalizaciones a empresas extranjeras.

Por su parte, organismos de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas han comenzado a endurecer su retórica frente al impacto social de estas medidas. Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió los efectos generalizados de la política de sanciones:

” “Paquetes de sanciones tan severos, que afectan a sectores enteros de una economía y producen efectos extensos, indiscriminados y rigurosos a las poblaciones, son incompatibles con principios básicos del derecho internacional de los derechos humanos. Mueren niños porque los médicos carecen de acceso a provisiones médicas. Eso es inaceptable”.

El debate en el seno de la ONU definirá si la comunidad internacional mantiene su histórica postura de rechazo al bloqueo o cede ante la renovada ofensiva diplomática y económica de la administración Trump.