Morelia, Michoacán.- El presidente municipal de Aquila, Michoacán, Juan Hernández Ramírez, fue detenido por elementos de la Fuerza Rural de aquel sitio, acusado de mantener supuestos nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, además de que se presume tiene alguna responsabilidad en torno a los atentados contra los Policías Comunitarios de Santa María Ostula, ocurridos a principios de la semana pasada, donde murieron dos de los elementos y cuatro presuntos delincuentes.

Previo al anuncio de su detención y ser entregado a la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia en el municipio vecino de Aquila, en Coahuayana, medios locales de comunicación comentaron que el presidente, de extracción priista, había sido “levantado” por un grupo de civiles armados la tarde de ayer.

Sin embargo, dicha información fue desmentida por autoridades estatales, quienes revelaron que el munícipe emitiría su declaración ante el Ministerio Público de la PGJE, con base en las acusaciones efectuadas por los elementos de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula, que los pasados 25 y 26 de este mes fueron atacados por presuntos delincuentes.

El edil ya ha sido relacionado con liderazgos del Cártel de Los Caballeros Templarios desde el año pasado, como Servando Gómez Martínez, La Tuta, detenido el 28 de febrero de este año, con quien aparece reunido a partir de la publicación de una fotografía en un medio de comunicación estatal.

Asimismo ha sido acusado de mantener nexos con dicho cártel delincuencial por los integrantes de la Policía Comunitaria de Ostula.

En una entrevista concedida a Excélsior en marzo, el edil Juan Hernández Ramírez reconoció que sí se reunió con La Tuta porque lo habían amenazado para acudir, pero negó cualquier otro tipo de relación con el líder del grupo criminal conocido como Los Caballeros Templarios.

Afirmó en esa ocasión también que no dejaría su puesto al frente del ayuntamiento costero de Aquila porque tenía un compromiso con la gente del pueblo que lo eligió en las urnas para gobernarlos durante tres años y que concluiría su periodo de gobierno, sin embargo esta vez sí fue detenido, porque tras conocerse la fotografía con La Tuta, sólo acudió a declarar sobre la imagen, sin ninguna otra implicación.

PIDEN INVESTIGAR INGRESO ILEGAL DE ARMAS DE ORIGEN ALEMÁN A MÉXICO

Senadores y diputados federales analizan hacer una solicitud a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de la Republica (PGR), a que realicen investigaciones exhaustivas para determinar y, en su caso, fincar responsabilidad a los servidores públicos o funcionarios involucrados en el ingreso ilegal de armas de origen alemán al país.

La propuesta fue presentada por el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Juan Ignacio Samperio Montaño, quien a través de un punto de acuerdo llamó a realizar indagatorias que descubran a los servidores públicos o funcionarios de gobierno que, faltando a los principios constitucionales, permiten el ingreso ilegal de las armas que “utilizan las organizaciones criminales para la comisión de diversos delitos en el país”.

El legislador de Movimiento Ciudadano recordó que de acuerdo con estudios elaborados por la PGR, en México han ocurrido más de 60 mil muertes violentas relacionadas con el tráfico ilegal de armas. De los artefactos recuperados en el país, que habían sido objeto de rastreo e investigación entre 2007 y 2012, 70 por ciento provienen de diversos países.

Samperio Montaño precisó que muchos de los actos violentos ocurridos en Jalisco, Guerrero y Chiapas están relacionados con armas de tráfico ilegal, mismas que llegan al país sin que se determine responsabilidad alguna a funcionarios o particulares que intervinieron en la comisión de este delito que tanto afecta a la sociedad mexicana.

Refirió que tal es el caso de la empresa alemana Heckler y Koch, a la cual se le acusa de la transferencia de armas a México, pues según datos de la agencia aduanera en Alemania, entre 2003 y 2011 dicha compañía envió fusiles de asalto HKG36 sin autorización oficial de los gobiernos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero y Jalisco.

Martha Elba Figueroa / Cortesía Diario de Juárez

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