Ciudad de México.- Durante los últimos meses, México ha obtenido resoluciones favorables en arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial, lo que le ha permitido evitar pagos por más de 5 mil 115 millones de dólares.

El caso más reciente corresponde al litigio iniciado por Silver Bull Resources ante el organismo encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados, una resolución con la que México evitó el pago de 315 millones de dólares. 

Silver Bull y la acusación contra México

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía (SE), el arbitraje fue presentado por la minera en junio de 2023 bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La empresa acusó al Estado mexicano de afectar el desarrollo de un proyecto minero en Sierra Mojada, Coahuila.

En ese contexto, Silver Bull argumentó que, desde septiembre de 2019, una cooperativa minera local, presuntamente respaldada por autoridades de la zona, impidió el desarrollo del proyecto.

Durante el procedimiento, el Estado mexicano sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente a un conflicto social generado por la propia empresa con habitantes de Sierra Mojada.

El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral resolvió de manera unánime a favor de México.

El segundo arbitraje internacional

Otro de los arbitrajes ganados por México ante el Ciadi fue el promovido en mayo de 2020 por Espíritu Santo Holdings LP y L1bre Holding LLC.

Las empresas reclamaron una compensación superior a 2 mil 100 millones de dólares. Sin embargo, el 26 de marzo de 2026 el tribunal desestimó todas las reclamaciones presentadas.

México y su tercer triunfo de arbitraje internacional

Además de los dos casos anteriores, México obtuvo un tercer fallo favorable en el arbitraje promovido por Access Business Group LLC.

La controversia surgió luego de que la empresa señalara que, a través de su filial Nutrilite S. de R.L. de C.V., adquirió diversos predios entre 1992 y 1994, y que posteriormente la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entregó esos terrenos a un ejido en julio de 2022.

No obstante, el 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Arbitral desestimó por completo la reclamación.

Con esta resolución, México evitó el pago de más de 2 mil 700 millones de dólares.