Ciudad de México.- El aseguramiento de 42 armas largas en la Aduana de Naco, Sonora, en 2009, y el abastecimiento de armamento en Estados Unidos por parte de las organizaciones criminales durante la “guerra contra el narco”, son la base de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y cinco ex funcionarios más por el caso ‘Rápido y Furioso’.

Según la averiguación previa, la fiscalía presume que García Luna, así como el ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas; y el ex coordinador de Inteligencia para la Prevención del Delito de la corporación, Luis Cárdenas Palomino, además de tres ex directores aduanales, actuaron de forma dolosa.

Lo anterior, porque incumplieron con sus deberes de prevenir la comisión de delitos del orden federal y la protección del orden y la paz públicas, en las zonas fronterizas, aduanas y recintos fiscales.

En 2009, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, ordenó el ingreso ilegal a México de más de 2 mil 500 armas de fuego para detectar a los compradores, armamento que se perdió y cayó en manos de cárteles del narcotráfico y que fue utilizado en crímenes.

La operación de la ATF salió a la luz en 2011, por las denuncias que realizaron elementos de dicha agencia, tras conocer la muerte de oficiales con el armamento que se perdió y después se utilizó en territorio estadunidense.

De acuerdo con la sentencia emitida por un Tribunal Federal, el cual absolvió a Facundo Rosas, se deja claro que no existe un elemento que demuestre que los ex funcionarios tuvieran conocimiento de la operación de los norteamericanos.

Pese a ello, la fiscalía argumentó que el aseguramiento de 42 armas en la Aduana de Naco, el 20 de noviembre de 2009, fue el indicador de riesgo que se vivía en nuestro país.

Asimismo, presentó las declaraciones de dos “testigos colaboradores”, uno de los cuales afirmó que había armas en dos vagones de un tren que se localizaba en suelo estadunidense, en espera de ser trasladadas a México.

La FGR también ofreció como prueba tres videos difundidos en YouTube y titulados: Operation Fast Furious The Other Side Of The Border, parte 1, 2 y 3, los cuales contienen las declaraciones del entonces director Adjunto de la ATF y de agentes, en las audiencias relacionadas con la investigación del Comité Gubernamental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2011, tras el escándalo que se suscitó en esa nación por el envío de armas.

El Tribunal Federal advirtió que la acusación contra Facundo Rosas carece de pruebas que demuestren que incumplió con su deber de salvaguarda para prevenir delitos en las zonas fronterizas, aduanas y recintos fiscales.

El Ministerio Público Federal tampoco pudo demostrar que en el sexenio de Felipe Calderón era escasa o ineficiente la vigilancia de la autoridad aduanal en las zonas fronterizas, recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas o puntos de revisión.

El Tribunal indicó que el aseguramiento de las 42 armas en la garita de Naco demostró un golpe eficiente para decomisar el materia bélico que introdujo ilegalmente una mujer, con lo que se evitó que ese armamento pudiera llegar a los cárteles de la droga, que según se expuso en el pliego de consignación eran los destinarios finales del mismo.

Es de mencionar que, en 2011, diversas autoridades mexicanas, entre ellos, el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, negaron que el gobierno federal hubiera sido informado del trasiego de armas a México, pues de haberlo conocido, se habría impedido.

Un año después, el procurador de justicia de Estados Unidos, Eric Holder, fue exonerado en su país por la operación.

Con información de Milenio