“En Coahuila, los conflictos de los mineros con empresas privadas y el Estado mexicano tienen un largo historial”, escribe Javier Mariscal en Espacio 4.
En su afán modernizador, el presidente Miguel Alemán promovió a finales de su sexenio (1946-1952) un modelo económico industrializador para favorecer a los capitales privados —librándolos en parte de pagar impuestos—. Por otro lado, buscaba manipular a los tres sindicatos independientes más importantes del país para frenar la reivindicación laboral y democratizadora que afectaba el interés proindustrial.
»Tras conseguir el control del sindicato ferrocarrilero, Alemán apuntó sus baterías contra el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que en su VI Convención General había elegido nuevo secretario general y revisó el contrato colectivo de trabajo de las secciones 14 de Nueva Rosita y 28 de Palaú (mayo-junio de 1950). Aunque el Gobierno había logrado la designación de un secretario sindical afín, el incumplimiento del contrato colectivo generó un conflicto laboral que se alargó por nueve meses. En enero de 1951, los mineros anunciaron una movilización hacia la capital del país.
En su marcha, conocida como la “Caravana del Hambre”, demandaban la reinstalación de los obreros cesados, restablecimiento de la legalidad en la Sección 14, respeto al contrato colectivo, reapertura de la cooperativa de consumo y de la clínica. Otras reivindicaciones consistían en el levantamiento de las “disciplinas”, pago de salarios caídos, entrega del dinero retenido por las compañías y el reconocimiento de su legítimo secretario general electo, Antonio García Moreno.
En camiones y a pie, por un gran tramo, recorrieron mil 588 kilómetros. Solo los trabajadores de la 14 arribaron a la capital el 9 de marzo, pues los de la 28 firmaron un acuerdo con la Secretaría del Trabajo a pocos días de haber emprendido la marcha. Con la imagen de la Virgen de Guadalupe en lugar del símbolo del águila, a la par de afirmar su creencia religiosa, los mineros se deslindaban del comunismo que les adjudicaban medios capitalinos, principalmente la revista Mañana, que reiterativamente hablaba mal de aquellas protestas y las vinculaba siempre a tendencias comunistas o tildaba a sus líderes de antinacionalistas.
En apariencia, Miguel Alemán estaba al margen del problema. El asunto se delegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a una comisión especial encabezada por la Secretaría de Gobernación. Al concluir su análisis, la Suprema Corte falló en contra de los trabajadores, quienes después de 112 días debieron regresar en tren a Nueva Rosita, donde solo algunos de los obreros fueron recontratados, pero sin tomar en cuenta su antigüedad; otros emigraron a Estados Unidos y algunos más aceptaron créditos del Gobierno para trabajar tierras.
Un análisis de la revista Contemporánea (Edición 2. Julio-diciembre de 2014) destaca que “se logró determinar que para 1951 no había prensa de oposición que impugnara el modo de industrialización con control obrero del Gobierno alemanista ni que cuestionara las medidas que afectaban a ese sector laboral”.
Hasta la fecha, la falta de una mejoría sólida a las condiciones laborales hace que la batalla obrera continúe de manera intermitente y que las caravanas del hambre de los mineros en las regiones Centro-Carbonífera de Coahuila se hayan convertido en su más recurrente “déjà vu”.
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