Monterrey, NL (Proceso).- Mientras la creciente irrupción del crimen organizado en Nuevo León afecta la economía estatal, integrantes del alto empresariado regiomontano observan con preocupación el cierre de negocios y la parálisis de algunas actividades comerciales en esta capital.

Poco a poco, dicen, la inversión local comienza a desvanecerse, y tanto profesionistas como empresarios tienen planes de irse del país.

La situación es de tal magnitud, que Lorenzo Zambrano, el más rico de todos los regiomontanos y dueño del poderoso corporativo Cementos Mexicanos (Cemex), desató una fugaz polémica al calificar de “cobardes” a quienes pretenden emigrar de la ciudad, del estado y del país, debido a la violencia.

Si el asesinato del Alcalde panista de Santiago, Edelmiro Cavazos Leal, el 18 de agosto, conmocionó a la clase política del estado, los integrantes de la Iniciativa Privada de Monterrey se estremecieron al enterarse de que el 20 de agosto, a la 1:40 de la tarde, un comando armado se enfrentó con guardias de la empresa Fomento Económico Mexicano a las puertas del exclusivo Colegio Americano campus La Huasteca, en Santa Catarina.

Después de la balacera, que duró aproximadamente 20 minutos, fueron levantados seis escoltas de la empresa –perteneciente a la familia Garza Sada– que resguardaban a varios niños del clan que estudian en esa primaria. Al día siguiente reaparecieron sólo cuatro de los guardias. Los otros dos fueron asesinados.

Secuestros

Fuentes empresariales consultadas por Proceso señalaron que el objetivo de los secuestradores era la hija de una de las dueñas de Femsa y sobrina de José Antonio Fernández Carbajal, conocido como “El Diablo”, presidente del consorcio, que a su vez está casado con una de las hijas de Eugenio Garza Lagüera, el fallecido propietario de la firma cervecera.

El clan tiene bases para su temor. La violencia lo tocó de manera brutal hace muchos años, el 17 de septiembre de 1973, cuando Eugenio Garza Sada, patriarca y fundador de Femsa y del Tecnológico de Monterrey, fue asesinado en esta ciudad en un fallido intento de secuestro.

Como respuesta al incidente de San Pedro, el Consulado de EU en Monterrey pidió a sus empleados y connacionales que se lleven de la ciudad a sus hijos menores, muchos de los cuales conviven en los colegios con los niños de los empresarios regiomontanos. Se les dio de plazo hasta el viernes 10 de septiembre.

“Es la primera vez en la historia de México que una sede diplomática toma estas medidas”, asegura en entrevista Brian Quigley, vocero de la legación, y agrega que la solicitud implica a unas 25 familias que residen en el próspero municipio conurbado de San Pedro Garza García, gobernado por el panista Mauricio Fernández Garza.