Washington, Estados Unidos.-  En un solo día, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llegan a deportar a mil 300 personas, una cifra que ha contribuido a que más de 595 mil migrantes fueran arrestados entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de diciembre. A pesar del aumento, la administración de Donald Trump no ha logrado cumplir su objetivo de un millón de deportaciones, en un contexto marcado por violencia y resistencia civil en diversos estados.

Este martes, Trump cumple un año de su segundo mandato, periodo en el que se ha registrado un endurecimiento de la política migratoria, aunque con escasa transparencia en la difusión de datos oficiales. En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó la “expulsión” de 622 mil personas no ciudadanas, sin detallar cuántos casos corresponden a deportaciones formales o retornos voluntarios.

Tampoco se ha precisado cuántos migrantes sin autorización abandonaron el país mediante la aplicación CBP Home, un mecanismo de autodeportación que, según cifras gubernamentales, habría sido utilizado por 1.9 millones de personas.

Un informe del Instituto de Política Migratoria (IPM) titulado La inmigración en el primer año de Trump 2.0 señala que la mayoría de los detenidos por ICE no cuenta con antecedentes penales. Hasta el 7 de enero, solo el 26 % tenía una condena criminal, otro 26 % enfrentaba cargos pendientes y el 48 % estaba acusado únicamente de faltas migratorias.

En semanas recientes, han aumentado las denuncias por la detención de ciudadanos estadounidenses, incluso de personas con acento extranjero. El análisis del IPM indica que, para cumplir su promesa de expulsar delincuentes, el gobierno ha recurrido a agencias y bases de datos antes no utilizadas para el control migratorio.

Entre la información empleada se incluyen registros fiscales, datos de la Seguridad Social, uso de Medicaid y prestaciones para veteranos. Además, ICE se ha consolidado como uno de los principales compradores de datos privados, como movimientos financieros y viajes aéreos, para identificar el estatus migratorio.

El organismo también amplió su contrato con la empresa Palantir para desarrollar una megabase de datos llamada ImmigrationOS, diseñada para identificar personas deportables, rastrear autodeportaciones y coordinar detenciones y expulsiones, utilizando información de múltiples agencias y fuentes externas.

De acuerdo con el IPM, el DHS mantiene contratos por 280 millones de dólares para contratar investigadores privados y cazarrecompensas que localicen domicilios, centros de trabajo y patrones de movimiento de posibles objetivos, además de emplear correos intimidatorios que incentivan la salida voluntaria del país.

Paralelamente, se ha incrementado la contratación de nuevos agentes de ICE, quienes tras un entrenamiento breve son enviados a operativos masivos en ciudades como Minneapolis, donde se han desplegado hasta tres mil elementos.

Aunque los agentes cuentan con herramientas tecnológicas como reconocimiento facial, escáneres de iris y lectores de matrículas, reportes señalan que estos sistemas han sido utilizados tanto contra extranjeros como contra ciudadanos estadounidenses. En recientes operativos, también se ha documentado la detención de personas sin verificar previamente su estatus migratorio, lo que ha generado nuevas críticas a la estrategia del gobierno federal.

Con información de Milenio.