Las elecciones de diputados en Coahuila no siempre fueron “huérfanas”. Cada seis años iban junto con las de gobernador y alcaldes; y cada tres, con las de ayuntamientos. Sin embargo, para evitar riesgos a la hora de revisar las cuentas públicas, neutralizar a los partidos de oposición, bloquear investigaciones e imponer una agenda continuista, Humberto y Rubén Moreira necesitaban monopolizar el Congreso. Con ese propósito alteraron el calendario electoral mediante la ampliación de los periodos de presidentes municipales a cuatro años.

Uno de los primeros movimientos del tándem para perpetuarse en el poder consistió en infiltrar los organismos comiciales. El encargado de esa tarea fue el mayor de los hermanos, burócrata gris en sus inicios y megalómano en la etapa final de su carrera, además de anodino.

Cuando Humberto asumió la gubernatura en 2005, Rubén ya era el mandamás del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) (hoy Instituto Electoral de Coahuila o IEC). Desde el comité estatal del PRI, mangoneó al Congreso para imponer consejeros y presidentes.

La servidumbre del extitular del IEPC, Homero Ramos Gloria, al proyecto transexenal se premió con la Secretaría de Gobierno. Con ese movimiento, Rubén eliminó a Óscar Pimentel –su antiguo jefe en la alcaldía de Saltillo– de la sucesión estatal reservada para él. Con la misma rudeza impuso heredero.

Moreira cedió la presidencia del Instituto Electoral a Leopoldo Lara Escalante, y para cerrar la pinza impuso a Valeriano Valdés en la jefatura del Tribunal Electoral del Estado (TEE), siempre con el aval del Congreso.

Para liberar a los organismos electorales de la férula de los gobernadores, las oposiciones representadas en la Cámara de Diputados lograron una reforma en 2014, pero resultó inútil. La facultad de nombrar consejeros pasó al Instituto Nacional Electoral (INE), pero Rubén Moreira y su muñidor en el PRI, David Aguillón, mantuvieron el control del IEC.

Con una presidenta inexperta y sin autoridad, como Gabriela de León, y el consejero Alejandro González –a quien el Senado vetaría para el TEE por su adicción al PRI– en funciones de caballo de Troya, los Moreira pudieron manipular las elecciones.

El IEC perdió legitimidad en los comicios de 2017. El triunfo de Miguel Riquelme estuvo en vilo, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ratificó. El presidente López Obrador y la mayoría de Morena en el Congreso planean desaparecer los organismos públicos locales (Oples), según se denomina a los equivalentes del INE en cada estado, debido a su inutilidad y alto costo.

El Ejecutivo, las bancadas de Morena y sus aliados también pugnan por reducir el financiamiento público a los partidos en un 50 por ciento. Este año, a pesar de no haber elecciones federales, recibirán 5 mil 239 millones de pesos.

Mientras se decide el futuro financiero de la partitocracia y de los 38 Oples, AMLO se ha declarado custodio de las elecciones. “Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades”, dijo el 22 de junio en rueda de prensa. La intención es obvia: atarle la mano a los gobernadores.

Coahuila e Hidalgo son los estados más expuestos a la mirada presidencial y del fiscal en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, pues son los únicos que este año acudirán a las urnas. El primero elegirá este domingo 25 diputados (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y el segundo, 84 ayuntamientos. El calendario de 2021 cubre todo el territorio: los 300 distritos federales, 15 gubernaturas, 20 legislaturas locales y mil 926 alcaldías.