Michoacán.- La versión oficial sobre los hechos de Tanhuato, Michoacán, generó en redes sociales, desde la misma noche del viernes, reacciones mayoritarias de incredulidad, si bien no faltaron algunas que implícitamente justificaban la matanza.

Las dudas alcanzan incluso al sitio preciso del supuesto enfrentamiento, pues de acuerdo con información municipal, los hechos ocurrieron en un rancho del municipio de Ecuandureo y no en Tanhuato.

La agencia Quadratín, que dirige el periodista Francisco García Davish, informó que, de acuerdo con reportes de la policía municipal de Ecuandureo, el enfrentamiento tuvo lugar en el kilómetro 371, sobre la carretera Ecuandureo-Tanhuato. “Es posible que por ese motivo haya surgido el malentendido de que los hechos sucedieron en la comunidad de Tinaja de Vargas, perteneciente al municipio de Tanhuato”, informó la agencia.

La noche del viernes el productor y activista Epigmenio Ibarra, quien durante su carrera periodística cubrió conflictos bélicos en Centroamérica y otros sitios del mundo, preguntó si fueron rematados los heridos y escribió en un tuit:

“12 años pasé cubriendo guerras. Nunca un ejército tan certero como el mexicano. Solo causa bajas mortales nunca heridos”.

Otros tuits recordaron los casos de Tlatlaya y Apatzingán como antecedentes y también el célebre telegrama porfirista de “Mátalos en caliente”.

El sábado 23, la Rayuela de La Jornada comentó:

¿Por qué será que Tanhuato huele a Tlatlaya y grabó el 43 como el número de nuestra desgracia?

El mismo periódico publicó un editorial al que pertenecen estos fragmentos:

La persistente cifra de muertos y el virtual escenario de guerra que se vive en diversos puntos del país son correlatos lógicos de una política de seguridad que, más allá de los giros discursivos, se mantiene en los intentos por contener las expresiones delictivas mediante despliegues policiales o militares, agravados por ejercicios de simulación como el que tuvo lugar en Michoacán con la designación de un comisionado especial para la entidad que a la postre se limitó a perseguir a los sectores más críticos de las autodefensas. En cambio, el gobierno federal ha venido evitando la toma de decisiones de fondo para revertir la descomposi­ción social –la cual constituye el caldo de cultivo para el auge de la delincuencia y la ingobernabilidad–, como el fomento a las actividades productivas, la generación de empleo, el gasto público en educación e infraestructura, la promoción del desarrollo económico y el bienestar social.

La inseguridad y la violencia en el país son producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades atribuibles a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde el sexenio antepasado y hasta el primer año del presente, han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos.