Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tras detectar indicios de modificación en procesos licitatorios en beneficio de empresas. La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, se centra en la Dirección de Tecnologías de Información, dirigida por Luis Enrique N, y la Unidad de Gobierno Digital de la SHCP.

Los hechos en cuestión involucran una licitación para proveer equipo de cómputo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Según las investigaciones, la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, a cargo de Almendra Lorena Ortiz Genis, otorgó un contrato por 681 millones de pesos a la empresa Mainbit en mayo pasado, identificado como el proceso IA-51-GYN-051GYN005-N-45-2023.

No obstante, la FGR ha identificado presuntas alteraciones en el proceso licitatorio, basadas en minutas de reuniones de evaluación. Funcionarios de la Dirección de Tecnologías de Información y de la Unidad de Gobierno Digital habrían intervenido para ampliar de último minuto los criterios de evaluación, descalificando a empresas que cumplían con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato Marco, dejando como única opción a la empresa Mainbit.

Las investigaciones señalan que, el 16 de mayo, funcionarios de Hacienda sugirieron realizar una consulta a la Unidad de Compras de la SHCP para verificar la idoneidad de las marcas y modelos ofrecidos por los licitantes. Sin embargo, al día siguiente, se propuso ampliar los criterios de evaluación para permitir que Mainbit continuara participando, a pesar de que no cumplía con todas las especificaciones técnicas requeridas.

Dentro de los funcionarios bajo investigación se encuentra Luis Enrique Martínez Hernández, director de Tecnologías de Información y administrador del contrato que la SHCP firmó con Mainbit hace cuatro años para proveer equipo de cómputo.

Este caso también ha suscitado denuncias ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). La FGR continuará con la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados en este presunto acto de corrupción.