Los Angeles.— Un juez federal asestó un duro golpe a la administración de Donald Trump al dictaminar este jueves la “ilegalidad” del despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles para contener protestas contra redadas migratorias. La orden judicial obliga al presidente a devolver de inmediato el control de esta fuerza al gobernador de California, Gavin Newsom.

El juez de distrito Charles Breyer, en un fallo al que accedió la AFP, fue categórico:

“Sus acciones fueron ilegales. (…) Por tanto debe devolver de inmediato el control de la Guardia Nacional de California al gobernador del estado”.

No obstante, la ejecución de la orden ha sido suspendida hasta el mediodía del viernes (19:00 GMT), y la Casa Blanca ya ha interpuesto una apelación que podría escalar hasta la Corte Suprema.

Un Pulso Político y Legal entre Trump y Newsom

El gobernador demócrata Gavin Newsom, quien se perfila como un potencial candidato presidencial para 2028, celebró la decisión judicial. “Donald Trump será relevado de su comando a mediodía mañana”, declaró Newsom en televisión, añadiendo con contundencia: “No es un monarca, no es un rey, y debería dejar de actuar como si lo fuera”.

Horas antes del fallo, el presidente Trump había afirmado que Los Ángeles se encontraba “sana y salva” gracias al despliegue de miles de soldados y guardias nacionales. La decisión de Trump de movilizar a esta fuerza militar de reserva, pese al rechazo del gobernador californiano, es un hecho que no se registraba desde 1965. El mandatario republicano acusó a Newsom de “haber perdido totalmente el control de la situación”.

Contexto de las Protestas y la Respuesta Federal

Las protestas, en su mayoría pacíficas, estallaron la semana pasada a raíz de una serie de redadas lanzadas por el gobierno contra inmigrantes indocumentados. Si bien hubo focos de violencia, como la quema de taxis y el lanzamiento de piedras a la policía, las manifestaciones se han extendido a otras ciudades como Spokane, Seattle, Las Vegas, Dallas, Austin, San Antonio, Milwaukee, Chicago, Atlanta y Boston.

Desde su campaña electoral, Trump ha prometido perseguir a los “criminales extranjeros”, aunque sus políticas migratorias se han centrado particularmente en los inmigrantes latinoamericanos, considerados esenciales para ciertos sectores económicos. El presidente admitió el jueves la necesidad de actuar rápidamente para proteger a los trabajadores inmigrantes en la agricultura y la hostelería y evitar un impacto negativo en estas industrias.

Un millar de los 4.700 efectivos que Trump ordenó desplegar ya estaban operando para proteger instalaciones, junto a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), según el subcomandante Scott Sherman.

Reacciones y Tensión Política

Newsom ha acusado a Trump de escalar los enfrentamientos con fines políticos y advirtió que la militarización podría trascender las fronteras de California.

“La democracia está siendo atacada ante nuestros ojos”, afirmó.

La tensión política se hizo evidente el jueves cuando la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, expulsó por la fuerza al senador demócrata Alex Padilla de una conferencia de prensa en Los Ángeles mientras intentaba interrumpirla, según constató un fotógrafo de la AFP. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó el “comportamiento infantil” del senador en X.

En el Congreso, una decena de parlamentarios de origen hispano instaron al jefe de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, a defender a su colega y la “institución del Congreso, contrapoder democrático”.

¿Calma en Los Ángeles?

Aunque la situación en Los Ángeles parecía haber recuperado cierta calma, con ciudadanos como Lynn Sturgis, profesora jubilada, afirmando que

“…todo está bajo control aquí en la zona cero” frente a las oficinas del gobierno federal, la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass, aseguró que la crisis fue “fabricada” por la Casa Blanca. Hace una semana, todo estaba tranquilo en la ciudad de Los Ángeles”, declaró Bass.

“La situación empezó a complicarse el viernes, cuando se produjeron las redadas. (…) Esa es la causa de los problemas”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una reunión con el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, rechazó las redadas “para detener a personas que trabajan honestamente”. Al menos 61 mexicanos fueron detenidos en estas operaciones