El «moreirazo» le ha costado a Coahuila más de 57 mil millones de pesos en los 12 últimos años, y los pasivos, en vez de disminuir, han aumentado. Además del costo financiero, la inversión pública se desplomó alrededor del 90% en el mismo periodo. El académico Alejandro Dávila Flores propone, en la nueva edición del bisemanario «Espacio 4» algunas alterantivas para afrontar la crisis del endeudamiento.

«Como resultado del atraco sufrido por las finanzas públicas de Coahuila durante la Administración de Humberto Moreira, el Gobierno de la entidad perdió el 90% de su capacidad de inversión, limitando seriamente sus posibilidades reales para cumplir las responsabilidades que le son conferidas en las constituciones federal y estatal.

»En la mañanera del 12 de abril pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el Departamento de Justicia de Estados Unidos devolverá a México poco más de 246 millones de dólares (cerca de 5 mil millones de pesos), incautados en ese país a Javier Villarreal, extesorero estatal y titular del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (Satec) durante la administración de Humberto Moreira (2005-2011). Ese mismo día pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz, destinar esos dineros a la campaña para prevenir la drogadicción (Reforma, 12.04.23).

La misma fuente dio cuenta de la reacción del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien manifestó que esos recursos deben regresar al Gobierno de la entidad e informó que existen tres procesos penales, una solicitud de extradición y también de recuperación de bienes por parte del estado de Coahuila.

»En pocos meses, habrá de concretarse el relevo de la Administración pública estatal. El Gobernador electo, Manolo Jiménez, debe exigir que los fondos confiscados a exfuncionarios de Coahuila en EU y en otros lugares, se regresen al estado. Y debe asegurarse de que tengan el mejor destino, para ayudar a resolver la crisis de sobreendeudamiento que paraliza la acción gubernamental.

»Antes de hilar sobre este telar, conviene dimensionar el problema del cual hablamos. Empecemos por el saldo de la deuda pública directa del Gobierno de Coahuila. Entre el 31 de diciembre del 2011 y el 30 de junio del 2023, pasó de 35 mil 551.8 a 37 mil 100.1 millones de pesos, registrando un aumento nominal de mil 548.2 millones. Esto ocurrió a pesar de que, entre el 1 de enero del 2012 y el 31 de diciembre del 2021, el Gobierno de Coahuila pagó a sus acreedores una cantidad acumulada de 46 mil 247.9 millones (1.3 veces el saldo inicial), a los cuales habría que añadir los pagos realizados en el 2022 y en el primer semestre del 2023 (entre 8 y 9 mil millones adicionales).

»¿Cómo afecta la deuda estatal su capacidad de inversión pública? Veamos un indicador que mide la magnitud del financiamiento propio del gasto de inversión como porcentaje de los egresos totales del Gobierno. Analicemos su evolución entre el 2003 y el 2021: Se aprecian dos periodos claramente diferenciados (2003-2009 y 2012-2021) y un cataclismo (2010-2011).

»Entre el 2003 y el 2009, el estado de Coahuila pudo financiar, con sus propios medios, proyectos de inversión pública equivalentes al 13.4% de sus egresos totales. Ese porcentaje se desplomó al 1.6% entre el 2012 y el 2021, lo cual refleja una caída en la capacidad de financiamiento propio de la inversión pública de una magnitud cercana al 90%. También se entiende por qué, a pesar de realizar pagos multimillonarios a sus acreedores, el Gobierno se ve obligado a incrementar su deuda neta para poder fondear algunas inversiones adicionales» (Continúa).