Por: Irene Spigno

Hace algunas semanas, tuve la oportunidad de suscribir un convenio con el rector de la Escuela Libre de Derecho para desarrollar una colaboración académica con lo que será, principalmente, el nuevo programa de Licenciatura en Derecho de la Academia IDH.

Para nosotros es una gran distinción tener la oportunidad de construir una buena relación con las instituciones educativas de mayor tradición jurídica en el país. Mi idea es tratar de fortalecer a nuestra próxima generación de juristas que estarán comprometidos con la filosofía de los derechos humanos. La #LicenciaturaAiDH, en efecto, tendrá vínculos, movilidad, intercambio y colaboración con las mejores escuelas de Derecho, nacionales e internacionales.

La ELD, junto con la Facultad de Derecho de la UNAM, es una de las instituciones educativas más importantes del país. En ellas se han formado grandes juristas que han contribuido en la construcción del sistema jurídico en México. Los principales “cuadros gubernamentales” del siglo XX emanan, sin duda, de ambas escuelas. No solo son instituciones, pública y privada, que tienen un rol histórico en la educación jurídica del país, sino que, a mi juicio, desde su origen (más allá de las rivalidades, conflictos o tensiones entre ellas), han complementado, diversificado y reconstruido el papel de la formación profesional del Derecho.

En el recorrido de sus excelentes instalaciones, me platicaron su historia. Entendí la importancia que tiene su origen para darle sentido a un nuevo modelo de educación jurídica que, por ende, generó una nueva clase de juristas, despúes del régimen porfirista. Sus fundadores y la filosofía de su modelo educativo, permitió un relevo posrevolucionario de los llamados “cientifícos y reyistas” que explica en cierta manera una concepción de la educación superior ha implementar durante el nuevo régimen y, en particular, en el sistema del Derecho a diseñar e implementar.

Durante el siglo XX, las aulas de la ELD fueron el espacio de formación profesional para diferentes protagonistas del país: presidentes de la República, ministros de la SCJN, magistrados y procuradores que, sin duda, influyeron en el pensamiento libre del Derecho.

Don Manuel Herrera y Lasso, Emilio Rabasa, Tena Ramírez y Elisur Arteaga, sin duda, son de los constitucionalistas más influyentes en el pensamiento jurídico del país. Cada uno de ellos tiene una gran obra, teórica y práctica. Hicieron escuela. Construyeron una clase jurídica. La ELD explica en gran medida una formación de élite legal que hoy, por ejemplo, se ve complementada con los perfiles profesionales que generan de manera contemporánea las escuelas de Derecho de diferentes universidades como la Iberoamericana, el Itam, el Cide, la Anáhuac, el Tec de Monterrey, el Iteso, entre otras.

La fundación de la ELD en 1912, tiene cierta relación interesante con personajes relevantes en la historia de Coahuila. Francisco I. Madero, como primer Presidente democrático en la era postrevolucionaria, fue uno de los protagonistas principales en la ruptura institucional. El nacimiento de esta gran institución no solo se explica por un mero conflicto personal sino por un cambio generacional con la clase jurídica tradicional del porfiriato.

Cuando el presidente Madero, en efecto, designa a Luis Cabrera como director de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia (hoy Facultad de Derecho de la UNAM), que representaba el status quo del régimen jurídico porfirista, se comienza a generar una división con ciertos liderazgos tradicionales. Ellos son los que se oponen a la voluntad presidencial que, por lo demás se imponía despúes de la Revolución para reconstruir el país. Fundan la ELD como una nueva alternativa a la clase jurídica revolucionaria y gobernante. Eran grandes juristas y profesores universitarios. Fueron un cambio en la educación jurídica superior.

No entraré, por supuesto, en los detalles históricos de la ELD que pueden consultarse mejor en los trabajos de José Manuel Villapando o Javier GarcíaDiego, entre otros. Me interesa, sin embargo, destacar que la ELD nace, a mi entender, como parte de una ruptura contextual de régimenes políticos (el antiguo y el nuevo) sobre lo que significa la educación superior como base fundamental para la transformación institucional de un país, según la cual planteaba la necesidad de “formar de manera libre a los juristas” que, despúes de una revolución, necesitaba reconstruir su sistema jurídico-constitucional.

Es un honor pero sobre todo un gran compromiso institucional, que la AIDH pueda generar con la ELD, la escuela privada con mayor tradición en la formación de los juristas en México, una buena relación institucional con su modelo educativo y sus profesores, para aprender de su pasado, presente y futuro para la mejor formación profesional de los juristas morados que, al final, nadarán siempre contra corriente (como los salmones) para evitar los abusos del poder