ANDREW KENIS / El Paso, Texas.- Sergio Adrián Hernández era un niño delgado de 15 años, que amaba el futbol y aspiraba a ser oficial de Policía, cuando un día Jesús Mesa Jr., agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, le disparó en el ojo izquierdo. Fue el 6 de junio de 2010 en Ciudad Juárez.

El 3 de septiembre de 2012, Guillermo Arévalo Pedroza, trabajador de la construcción, se encontraba en medio de una celebración de cumpleaños familiar cuando fue abatido por la Patrulla Fronteriza. Arévalo, de 37 años, murió desangrado en los brazos de su hija, de 10 años, en Nuevo Laredo.

José Antonio Elena Rodríguez había salido a caminar para comprar un hot-dog en un puesto de comida, cuando fue impactado por al menos 12 disparos de una pistola calibre .40 de un agente fronterizo. El joven de 16 años murió el 10 de octubre de 2012 en Nogales, cerca de la frontera con Arizona.

Juan Pablo Santillán se encontraba recolectando madera el 7 de julio de 2012, con su hermano, cuando fue asesinado en Nogales.

Todas estas víctimas eran ciudadanos mexicanos que no estaban armados y de acuerdo a la revisión de antecedentes, sólo uno tenía un récord criminal.

Todas las muertes sucedieron en pueblos fronterizos de México. Además, ellos forman parte de la lista de siete personas que fueron asesinadas en suelo mexicano desde 2010 por agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes dispararon sus armas desde el lado estadunidense.

Agentes de la muerte

Con base en más de 13 mil documentos que contienen información proveniente de reportes de la Patrulla Fronteriza, récords de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recuentos de noticias compilados por la Southern Border Coalition, y una investigación de Arizona Republic, los agentes de la Patrulla Fronteriza han matado al menos 52
personas desde el 2004.

Entre sus víctimas se encuentran 15 ciudadanos estadunidenses.

Las familias de estas víctimas, sus abogados y grupos defensores, han unido fuerzas para enfrentar una decisión con implicaciones importantes para la política fronteriza, así como para su respectiva búsqueda de justicia.

Uno de los casos, el asesinato del joven de 15 años, llegó hasta un juicio —Hernández vs. Mesa—, que ahora se encuentra en la Corte Suprema estadunidense, a espera de que en este mes se resuelva si se pospone, se considera en su totalidad, o si se descarta.

Al mismo tiempo, otros casos están siendo presentados ante la corte, entre ellos una demanda civil que sería el primer caso criminal en la historia por un tiroteo fronterizo.

Si la Corte Suprema rechaza el caso, o si confirma el último recurso de apelación a favor del Gobierno, las familias mexicanas no tendrán el derecho de demandar al Gobierno por violaciones a los derechos civiles de familiares fallecidos, que han sido víctimas de asesinatos fronterizos a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.

Sin embargo, si las familias mexicanas ganan alguno, o ambos casos civiles, obtendrían derechos de la cuarta y quinta enmienda, incluyendo la oportunidad de demandar a los agentes que mataron o lesionaron gravemente a sus familiares.

Esto podría resultar en una compensación de daños a través de los derechos civiles y constitucionales que obtuvieron.

Necesitan evidencias

El caso Hernández vs. Mesa, llegó hasta la Corte Suprema luego de que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, famosa por su conservadurismo, la cual tiene jurisdicción en todo Texas, fallara en contra de la familias.

El Gobierno argumenta que se trata de un caso donde la “inmunidad calificada” es aplicable al agente responsable de disparar. Esto significa que para poder demandar exitosamente a un oficial del Gobierno, se tiene que demostrar una clara violación de las leyes establecidas.

El Quinto Circuito estuvo de acuerdo, al decir que no está claramente establecido en la ley, que la Constitución de los Estados Unidos aplica para un ciudadano mexicano asesinado en México.

Los abogados que representan a las familias alegan que este argumento logra evadir lo obvio. “No se necesita una decisión de la corte para decir que está mal matar a un niño de 15 años desarmado”, dice Steve Shadowen, uno de los abogados que representa a la familia Hernández.