El jueves pasado, en su conferencia “mañanera”, le preguntaron al Presidente por el pleito que se traen el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el fiscal general de ese estado, Pedro José Arce, y que ha llegado ya a peticiones de remoción del fiscal ante la Suprema Corte, del lado del Mandatario, mientras que de la Fiscalía a investigar a varios funcionarios e incluso a catear oficinas del Gobierno estatal.

Sin dudarlo, como si ya hubiera tomado partido a partir de la versión que seguramente le dio el Gobernador, el Presidente defendió y respaldó a Samuel y acusó al bloque PRI-PAN en el Congreso local y al fiscal autónomo, de encabezar una campaña política contra el Mandatario emecista.
“Se formó un bloque del Congreso de Nuevo León; él llega, gana porque así lo decide el pueblo, pero no tiene mayoría en el Congreso; los del Congreso se agrupan y empiezan a imponerse, en funciones que no les corresponde, y lo obligan a destinar recursos para determinadas obras, determinados ayuntamientos de los partidos que tienen mayoría en el Congreso local. Yo no estoy de acuerdo con eso, no debe haber esos chantajes.

“Y ahora, lo peor, es que se eligieron a fiscales con autonomía completa y estos fiscales, muchas veces, llegan a tener más fuerza en los hechos que los gobernadores. Ayer una orden del procurador llevó a que catearan una oficina del Gobierno del Estado que tomaron con la policía. ¿Qué es eso? O sea, es un exceso, ahí no hay equilibrio de poderes”, dijo el Presidente en un abierto respaldo a García Sepúlveda.
El Presidente solo tiene una versión de los hechos y aun así no dudó en apoyar al Gobernador con quien tiene un pacto político. Porque el enfrentamiento entre Samuel García y el fiscal Pedro Arce, que comenzó en octubre de 2022, cuando este último fue nombrado “encargado de despacho” de la Fiscalía, tras la renuncia del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero, y por la mayoría del PRI-PAN en el Congreso local, escaló el 20 de mayo, cuando en un enfrentamiento entre cárteles del narcotráfico, ocurrido en Apodaca, un niño de 14 años fue asesinado por los criminales en el puesto de frutas en el que trabajaba.
El menor, de nombre Roberto García Gámez, era estudiante de tercero de secundaria y jugador de futbol americano, y estaba trabajando la noche del sábado 20 de mayo con su padre en el puesto cuando a las 22:40 horas un grupo armado comenzó a disparar en contra del presunto narcomenudista Ángel Ricardo, de 27, un cliente que había llegado al lugar y que al percatarse del ataque en su contra, agarró al menor y lo utilizó como escudo humano para protegerse de las balas.

El niño quedó gravemente herido con disparos en el rostro y el pecho y aun cuando su padre lo llevó en su camioneta a un hospital cercano, que estaba cerrado, murió al no ser atendido de emergencia, mientras que el narcomenudista fue hospitalizado y murió el 30 de mayo. Con todo y la gravedad de ese hecho, que habla de un Monterrey que empieza a desbordarse de nuevo en su violencia del narcotráfico, lo más delicado es que al Presidente no le dieron toda la información de lo que siguió a la lamentable muerte de un menor inocente.
En la investigación que abrió la Fiscalía de Nuevo León sobre la muerte del niño y el ataque a Ángel Ricardo, descubrió que ese “narcomenudista” ejecutado era representante legal y accionista de una empresa con un determinado domicilio. Y siguiendo la pista del móvil del ataque, fueron a catear ese domicilio y descubrieron que en ese mismo lugar había otras dos empresas que compartían el mismo domicilio y en esas dos aparecen como accionistas personajes muy cercanos al gobernador Samuel García.
Las tres empresas que compartían domicilio, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía estatal que conocen la investigación, resultaron ser “empresas fachada o factureras” que celebran operaciones ficticias por las que cobran recursos y los socios o accionistas de dos de ellas resultaron ser funcionarios del SAT estatal de Nuevo León, mientras que de la empresa para la que trabajaba el narcomenudista asesinado, los investigadores de la Fiscalía encontraron que un “personaje muy protegido por el Gobernador” celebraba contratos directos con esa compañía fantasma.
Con toda esa información tan comprometedora para el Gobernador y sus amigos y colaboradores, que hasta ahora no ha sido revelada por la Fiscalía, aunque ya está en poder de su titular Pedro Arce, se entiende por qué García Sepúlveda se puso tan nervioso y paranoico, e incluso que haya buscado personalmente a López Obrador, con quien mantiene un entendimiento político –no cuestionarlo a cambio de que lo apoye en sus obras y programas–.

Pero lo que no es tan entendible, es que la denuncia del Mandatario estatal, sobre la supuesta persecución en contra de su subsecretario de Finanzas, ocurrida el pasado miércoles al mediodía, en la que agentes de la Fiscalía armados intentaron entrar al edificio de la Torre Administrativa del Gobierno del Estado, se base solo en dichos y no se presente ni siquiera un video sobre la intromisión de los agentes en el edificio gubernamental.
Porque desde la Fiscalía de Nuevo León se afirma que es falsa la acusación de Samuel García y tal persecución y menos el intento de agentes armados de entrar al edificio del Gobierno estatal a detener al subsecretario, por lo que el Gobernador habría engañado al Presidente. “La Fiscalía de Nuevo León informa que el día de hoy personal administrativo del Ministerio Público, que no porta armas ni carácter de policía, acudió a entregar un oficio de medidas de protección a una dependencia del Gobierno del Estado. Cabe referir que personal de dicha dependencia se negó a recibir la notificación y a identificarse. La Fiscalía descarta que se haya efectuado cualquier acto de investigación que signifique irrumpir o ejercer fuerza en la Torre Administrativa del Gobierno del Estado”.
Así que está la versión del gobernador, que le vendió al Presidente y este le creyó que hubo un “cateo y una toma de una oficina del Gobierno del Estado con la policía” y está la versión de la procuraduría sobre una diligencia de notificación que no fue recibida por personal estatal en la citada Torre Administrativa. Si Samuel García no está engañando al presidente, debería presentar los videos que comprueben la irrupción violenta de los agentes de la Fiscalía, porque en un edificio público como ese, seguro hay cámaras que lo captaron; si no lo hace, entonces expondrá a López Obrador a caer en un ataque más hacia un órgano autónomo, en este caso la Fiscalía General de Nuevo León. Sería muy bueno que, antes de embarcarse en defensas a ultranza que lo comprometen, el presidente escuche la otra versión.

Notas indiscretas…

Las reglas de Morena para elegir a su candidato presidencial, que por cierto fueron publicadas con errores de dedazos como la palabra “aspirantes”, ya están listas y ayer fueron festejadas por todas las “corcholatas” a las que se les impusieron una serie de limitantes y obligaciones, algunas relacionadas con el cumplimiento estricto de la ley electoral (no utilizar recursos públicos, comportarse de manera austera, no gastar en pautas de publicidad, etc.) pero otras de plano cargadas de radicalismo e ideología, como la que dice textual que los aspirantes morenistas “evitarán a los medios reaccionarios, conservadores, adversarios de la cuarta transformación y partidarios del viejo régimen”.

Sería bueno conocer la lista de esos medios, aunque seguro es la que les dictan todas las mañanas desde Palacio Nacional. En todo caso, el documento que ayer aprobaron los 300 consejeros nacionales ordena que la próxima semana se inscriban todas las “corcholatas”, aunque dice que no serán más de seis, es decir las cuatro ya conocidas, Ebrard, Sheinbaum, Adán Augusto y Monreal, más las añadidas de Manuel Velasco y Fernández Noroña, y define que habrá una campaña de más de dos meses, del 19 de junio al 27 de agosto, para que se hagan promoción supuestamente interna, pero a la vez campaña externa.

Los dados giran. Escalera doble y la semana promete.