A una semana de haber concluido las precampañas, queda la realidad de los números, en donde Manolo Jiménez y los priistas traen muy buenas cuentas bajo el brazo.

El PRI Coahuila registró más de 503 mil votos en su elección interna. Si lo comparamos con la elección de 2021, en donde Morena obtuvo 430 mil sufragios, los de la “4T” deberían andar preocupados, ya que en las elecciones constitucionales, los tricolores incrementan aún más su votación; eso, sin contar que en la del 4 de junio se les sumarán los votos del PAN, PRD y el voto ciudadano.

Y si comparamos la participación de las estructuras, en la 4T salen todavía peor. El PRI logró 503 mil votos hace una semana. En la elección de revocación de mandato, en donde Morena movilizó –a la que ellos dicen– es su base, la 4T contabilizó 300 mil votos, y con ya saben quien en la boleta.

¿Así o más claro? El PRI, por sí solo, le saca casi 200 mil votos a Morena en los sectores populares, faltando los otros sectores de la población, que en su gran mayoría hacen uso de su voto útil contra Morena.

DOS CARAS

Durante la primera semana del periodo de intercampañas se vieron dos caras de la moneda. Por un lado, Manolo Jiménez tejiendo fino, tanto al interior de su partido como con el panismo y el sol azteca, también en reuniones con empresarios, sectores populares y hasta en cabalgatas, eso sí, cumpliendo la ley electoral, pero siempre cercano a la gente.

Por el otro, en el cuartel de Morena, la guerra entre Shamir Fernández y Luis Fernando Salazar va subiendo de tono, pues ambos se andan disputando Torreón para el 2024, e igual pasa con los diputados locales, es decir, cada quien anda viendo por sí mismo, dejando a un lado la Gubernatura y al viejo del sombrerón.

De Sóstenes Mejía y el PT nada más se escuchan mensajes de odio en las redes sociales; mientras que Lenin Pérez se encuentra fortaleciendo sus bastiones históricos de la UDC.

GASTOS DE CAUTELA

Con esto de la incertidumbre de las impugnaciones, sobre si se aplica o no la reforma electoral de Coahuila, invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los precandidatos a la Gubernatura se anduvieron con mucha cautela en sus gastos.

Y aunque hasta el momento los tribunales electorales avalaron que para el caso de tope de gastos de precampaña sea de 9 millones de pesos, si a alguien se le ocurre impugnar, ya sea durante la elección o al concluir el proceso electoral, prefirieron ser cautelosos con sus gastos y todos utilizaron menos de 3 millones de pesos, que es el tope de gastos del Código Electoral vigente.

Armando Guadiana, precandidato de Morena, por ejemplo, según reportó al INE, gastó 2.9 millones; Manolo Jiménez Salinas, de la coalición PRI, PAN, PRD, llamada Alianza Ciudadana por la Seguridad, utilizó 2.3 millones; Ricardo Mejía, del PT, reportó 1.4 millones; y Evaristo Lenin Pérez, de la coalición UDC-PVEM Rescatemos Coahuila, erogó 1.6 millones.

OTRA TRAMPA

Este lunes, el Instituto Electoral de Coahuila, que dirige Rodrigo Paredes, debe definir si aplica lo resuelto por el Tribunal Electoral de Coahuila, de aumentar el tope de financiamiento privado de militantes a todos los partidos políticos, del 2% que marca el Código Electoral, al 10% que recomendaron los magistrados, ante la impugnación que benefició a UDC.

De aprobarlo, los otros partidos políticos que tengan candidato a Gobernador podrán admitir de sus militantes hasta 23 millones de pesos, lo cual en apariencia sería lo justo, pero este incremento volvería a dejar de lado a UDC, pues volvería a estar en desventaja con los otros partidos, así que sería el cuento de nunca acabar.

Pero si los miembros del Consejo General no aprueban aplicar el incremento propuesto, el resto de los partidos políticos podría impugnar e impugnar para que los magistrados electorales obliguen al IEC a aplicarlo, lo cual representa una trampa muy bien tendida desde el Tribunal Electoral de Coahuila, que preside Sergio Díaz Rendón.

EN LA CANCHA DE LA SALA SUPERIOR

La cadena de impugnaciones para resolver si en Coahuila se aplica o no la reforma electoral invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo referente a si la elección de Coahuila será para 25 o para 27 diputados, está por terminar la próxima semana.

Y es que la resolución de la Sala Regional, negando aplicar la creación de dos nuevas diputaciones plurinominales para grupos vulnerables, ya fue impugnada por dos particulares, por el PAN y PVEM.

Por tanto, el tema ya está en la cancha de la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, la última instancia que puede resolver sobre el caso, cuyo magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, que esta semana estuvo en Coahuila, debe resolver la próxima semana, cumpliendo su palabra al firmar el Acuerdo por la Integridad Electoral.

DONDE HAYA MÁS REFLECTORES

Este domingo 19 de febrero se cumplen 17 años de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, que dejó a 65 mineros fallecidos, de los cuales 63 siguen enterrados y sin fecha para su rescate, por lo que habrá este día dos actos simbólicos de protesta.

Uno de ellos se llevará a cabo al pie de la Mina, en la región carbonífera, por parte de las viudas y colectivos en defensa de Derechos Humanos, el otro, en la Ciudad de México, junto al anti monumento, en la calle de Reforma.

Y adivinen a cuál de los dos eventos va acudir el obispo emérito de Saltillo, Raúl Vera López. Pues obviamente al de la Ciudad de México, porque allá asegura más reflectores, más flashes de medios de comunicación, y eso es lo que más le gusta al prelado, ser el protagonista, por encima de las viudas, que son las víctimas de la tragedia.

RESCATE ES UN DESASTRE

Por cierto de las viudas de Pasta de Conchos, desde hace días estas mujeres mantienen cerrada la Mina, para suspender los supuestos trabajos de rescate de los cuerpos prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo hicieron, porque aquello no parece un rescate, sino un “desastre”, como señalan las viudas en un comunicado dirigido al Presidente, porque permitió que sin experiencia en minería ni en rescate minero, fuera la CFE la que realice las obras, entregando los trabajos a otras empresas contratistas, que tampoco saben nada de rescates.

Le recriminan al Mandatario estatal que, a 4 años de iniciados los trabajos, los tiros verticales apenas si van al 30% excavados, y los inclinados, los principales para llegar hasta donde suponen están los restos, no van ni al 7 por ciento. Otra promesa incumplía de la fallida 4T.