El informe de la ONU sobre desapariciones forzadas reabre una herida que cruza al país. Sobre el tema escribe Gerardo Moyano en el bisemanario “Espacio 4” (794). “México discute hoy cifras, metodologías y narrativas sobre desapariciones. Pero hay episodios donde el debate se vuelve innecesario: los hechos hablan por sí mismos. El caso de Coahuila es uno de ellos. Un reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU documenta que, entre 2009 y 2012, policías estatales secuestraron personas para entregarlas al grupo criminal de Los Zetas, configurando un patrón de desapariciones con participación directa de agentes del Estado.

“El señalamiento no se limita a un periodo aislado. De acuerdo con el propio informe, el fenómeno se extiende al menos hasta 2016, abarcando no sólo el Gobierno de Humberto Moreira, sino también el interinato de Jorge Torres López y la Administración inmediata de Rubén Moreira. En ese segundo periodo, la práctica habría evolucionado: ya no sólo se trataba de entregar personas al crimen organizado, sino de ejecuciones directas por parte de fuerzas estatales, particularmente unidades de élite como el Grupo de Armas y Tácticas Especiales (GATE).

“El informe identifica al menos 500 casos de desapariciones con características sistemáticas en la entidad. La cifra, aunque limitada en términos absolutos frente al total nacional, es contundente en su naturaleza: no se trata de hechos aislados ni de excesos individuales, sino de patrones operativos que sugieren coordinación, tolerancia o colusión entre autoridades y grupos criminales. En muchos casos, las víctimas eran civiles seleccionados como objetivos directos.

Ese patrón encuentra eco en uno de los episodios más brutales de la violencia en México: la masacre de Allende, ocurrida en marzo de 2011. Durante varios días, integrantes de Los Zetas arrasaron el municipio, desaparecieron a decenas —posiblemente cientos— de personas y destruyeron viviendas enteras. Investigaciones posteriores han señalado que las autoridades no sólo fueron omisas, sino que en algunos casos facilitaron las condiciones para que la violencia ocurriera sin intervención efectiva del Estado.

“Otro caso emblemático es el del penal de Piedras Negras, convertido durante años en un centro de operaciones del crimen organizado. Testimonios judiciales y reportajes de investigación han documentado que internos salían del penal para cometer asesinatos, desapariciones y otros delitos, para luego regresar sin impedimentos. En 2012, además, se registró una fuga masiva de reos, evidenciando el grado de control que grupos criminales ejercían sobre las instituciones penitenciarias.

“La gravedad de estos hechos llevó a organizaciones de derechos humanos a llevar el caso de Coahuila ante la Corte Penal Internacional (CPI). Fue la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), junto con organizaciones mexicanas, la que presentó la denuncia en la década de 2010, argumentando que las desapariciones, ejecuciones y actos de violencia cometidos en la entidad podían constituir crímenes de lesa humanidad. La acusación señalaba no sólo a integrantes del crimen organizado, sino también a funcionarios públicos por acción u omisión.

“En ese contexto, el informe reciente de la ONU no introduce un fenómeno nuevo, pero sí le da un respaldo internacional que eleva su gravedad política y jurídica. Al documentar patrones de desaparición con participación estatal en Coahuila, el Comité coloca estos hechos dentro de un marco más amplio: el de posibles ataques sistemáticos contra la población civil, una categoría que, en derecho internacional, puede escalar a crímenes de lesa humanidad.

“El caso también tensiona el discurso actual del Estado mexicano, que insiste en que las desapariciones forzadas ya no son una política ni una práctica tolerada por el Gobierno. Si bien el propio Comité reconoce que no hay evidencia de una política federal generalizada en la actualidad, episodios como el de Coahuila muestran que, en el pasado reciente, sí existieron dinámicas donde la línea entre autoridad y criminalidad se desdibujó peligrosamente.

“A más de una década de distancia, las consecuencias siguen abiertas. Muchas de las víctimas de ese periodo continúan desaparecidas, los procesos judiciales avanzan con lentitud y la verdad permanece fragmentada. El caso Coahuila no es sólo un capítulo oscuro del pasado: es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la descomposición institucional cuando el Estado deja de ser garante y se convierte —por acción u omisión— en parte del problema.

“En la discusión actual sobre cifras, registros y metodologías, este episodio introduce una advertencia incómoda: no todas las desapariciones son iguales, pero algunas, como las documentadas en Coahuila, obligan a mirar más allá de los números. Porque cuando el Estado desaparece personas, la crisis deja de ser estadística y se convierte en una ruptura profunda del pacto social”.