El pasado fin de semana los fedatarios públicos de Coahuila celebraron como cada año su “Festival del Rib Eye de la Fraternidad Notarial”. Nada qué resaltar: se reúnen y asan cortes al carbón sin una temática, rito, o hilo conductor que no sea poseer una patente que los iguala como homólogos de profesión. “Donde termina el guiso y empieza a comerse la carne asada, comienza la barbarie”, decía José Vasconcelos.

En cambio donde sí se manifiestan como cofradía es en la protección que reciben de la legislación estatal, y en general del sistema de usos y costumbres históricas. Están blindados contra la fiscalización de su labor.

Si bien representan un híbrido de actividad privada y oficial, no se mandan solos: tienen que reportar sus actividades a la Dirección de Notarías, dependiente de la Secretaría de Gobierno. Tampoco son servidores públicos ni reciben por tanto un salario pero tienen obligaciones.

Mínimas, justo es decirlo. Y muchas ventajas. Quizá la mayor de ellas es que pueden esconder su protocolo, ese libro sagrado y sellado donde constan sus actuaciones, por una década. Tiempo suficiente para consumar la prescripción de inmuebles de mala fe, en el ámbito particular, o para que prescriban delitos como el peculado, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad o enriquecimiento ilícito que tanto daño hacen a las arcas públicas. Ambos ejemplos con la colaboración directa o indirecta de un notario, por supuesto.

Ahora bien, que los protocolos puedan ser conservados hasta por 10 años no significa que no pertenezcan estos al Estado. Y en ese supuesto llegamos al quid de la cuestión: la impunidad, pues el Gobierno cierra los ojos voluntariamente una década, periodo que permite a los notarios -sin generalizar- abstraerse y avocarse a los negocios ilícitos usando su monopolio sobre la fe pública como sinónimo de certeza jurídica.

Al respecto el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información falló el 14 de junio a favor de quien esto escribe un recurso de revisión: debe la Dirección de Notarías responder y entregar el protocolo anual de un notario de la localidad que le fue solicitado, y originalmente negado. La Secretaría de Gobierno, no obstante, se aferró a la negativa el 3 de julio, en su contestación final, alegando en un oficio de respuesta que no lo tiene (porque no han pasado esos famosos 10 años). Y tantán.

La dialéctica del ejercicio del poder estatal indica que al final de cada sexenio son entregados nuevos fíats, por lo regular -aunque no siempre- como recompensa para quienes contribuyeron con su esfuerzo a la permanencia del régimen. En esa coyuntura nos encontramos.

El 30 de noviembre de 2011, a escasas horas de concluir el mandato, Humberto Moreira vía Jorge Torres, el Gobernador interino, concedió 43. Por su parte Rubén Moreira otros 81 el 28 de noviembre de 2017.

Sin embargo existe un caso representativo del notariado coahuilense. El 17 de noviembre de 1987 el Gobernador de Coahuila, José de las Fuentes Rodríguez, otorgó la patente de aspirante a notario a su hijo, Fernando Donato de las Fuentes Hernández (recién egresado entonces como abogado de la UAdeC) como primero de una lista con 28 favorecidos en ésa remesa. Diez días después le fue concedido el fíat, y el 28 de noviembre, 48 horas antes de concluir su administración, fue designado titular de la Notaría 1 de Saltillo, reservada para él por años luego de quedar acéfala debido al fallecimiento del titular anterior, Ernesto Cordero de la Peña.

Irónicamente Fernando de las Fuentes, actual secretario de Gobierno tras una oficina que niega la información, ha sido notario desde hace 35 años y entre un cargo y otro que ha ocupado -con licencia de por medio- jamás ha ejercido. A su favor conserva el privilegiado número 1 (si acaso sirve de algo más allá del membrete) en la capital.
Así se las gastan.

Cortita y al pie

Por lo demás, el asunto trae a debate la utilidad de los notarios en una comunidad. Con Hernán Cortés llegó el primer amanuense a México para registrar transacciones de propiedad.

Básicamente certificar posesiones de terratenientes previo despojo a indígenas.

Para la reflexión: ¿ha cambiado en algo la situación en la actualidad?

Cabría preguntarse hoy si una sociedad tecnificada -ojo, no educada, sino simplemente con competencias en tecnología- los necesita en los mismos términos que los necesitaba hace un siglo cuando prevalecía el analfabetismo y la desconexión.

¿No podrían medios digitales al alcance de todos suplir su trabajo en temas como certificación de documentos mediante una plataforma electrónica?

La última y nos vamos

Es viejo el chiste: la palabra notarios en realidad es un palíndromo (aquellas que se leen igual de izquierda a derecha y viceversa, y significan lo mismo): notarios-soiraton (soy-ratón).
Quizá por ello la protección.