Ciudad de México.- Las actas administrativas son documentos en los que se deja constancia de una mala práctica realizada por un trabajador (puede ser menor o grave). Las actas las elaboran en el área de Recursos Humanos.

Estos documentos registran conductas que merezcan sanciones, amonestación o hasta la rescisión del contrato. Sirven como pruebas para imponer sanciones, según los reglamentos interiores de cada empresa.

También, funcionan para acreditar los motivos de sanción o rescisión, frente a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Para el caso de los trabajadores con mayor antigüedad que son rescindidos, sirven como prueba para analizar el perfil del trabajador involucrado, más allá de la causal que da la empresa.

No es el documento legal que por el que se permita dar de baja a un trabajador, así que no importa el número de actas que se levanten.

Los hechos registrados en estos documentos, se pueden utilizar como causa de la rescisión, y las empresas tendrán hasta 30 días para hacerlas valer mediante aviso de rescisión.

La Ley Federal del Trabajo no regula las actas administrativas, tampoco determina que deban tener cierto formato. Es la empresa las que las elabora, basados en su reglamento interno o porque se estableció en el contrato colectivo, como requisito para llevar a cabo una rescisión.

Las actas administrativas también le sirven al trabajador, para darle la oportunidad de escuchar su punto de vista sobre los hechos que se señalan en su contra. De esta manera, una tercera parte tiene su versión de la situación de una manera más neutral, más allá de cómo lo describe su jefe o supervisor.

Los expertos del sitio Conciliación y Arbitraje, recomiendan que se firme la parte donde el trabajador hace su manifestación, y la otra parte donde constan los hechos que le fueron informados de quien la elabora.

Según OCC México, las sanciones que se pueden establecer en una acta administrativa son:

Suspensión de actividades (no más de 8 días).
Descuentos en salario (anticipos, extravíos o daños)
Despido definitivo (la LFT prohíbe la aplicación de multas al trabajador)