Durante el evento, la OCDE destacó que 53 por ciento de la población urbana en México dijo confiar en el gobierno nacional, frente a un promedio de 39 por ciento entre los países miembros, además de que 56 por ciento expresó confianza en la administración pública federal, 11 puntos por encima de la media de la organización.
La muestra también arrojó que México se ubica por encima del promedio de la OCDE en la mayoría de los indicadores relacionados con la experiencia de los ciudadanos al interactuar con las instituciones públicas, como la capacidad de los servidores públicos para responder a las necesidades de la población, ofrecer servicios de calidad y utilizar evidencia para tomar decisiones.
Ante tal panorama, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, aseguró que “estos resultados no deben entenderse simplemente como un punto de llegada, sino como una responsabilidad para seguir fortaleciendo nuestras instituciones”.La funcionaria sostuvo que la experiencia de México confirma que la confianza ciudadana “se construye con acciones concretas” y señaló los resultados a políticas como la separación entre el poder económico y el político para que las decisiones públicas respondan al interés general.
Destacó un gobierno cercano a la ciudadanía, la recuperación del salario mínimo -acompañada de una política social- que, dijo, ha contribuido a que más de 13 millones de personas salieran de la pobreza, mecanismos de comunicación directa con la población y una política permanente de austeridad para eliminar privilegios, excesos y despilfarro.
Buenrostro agregó que como parte de la estrategia para fortalecer la integridad pública, el gobierno desarrolla un Laboratorio de Confianza, enfocado en prevenir actos de corrupción mediante evaluaciones de integridad y pruebas piloto dirigidas a funcionarios, principalmente en áreas de mayor riesgo.
Y explicó que se trabaja en el fortalecimiento del sistema de denuncias de irregularidades para proteger tanto a ciudadanos como a empresas que reporten posibles actos de corrupción.
De acuerdo con la secretaria, el número de denunciantes aumentó cerca de 40 por ciento en los últimos dos años respecto de administraciones anteriores, lo que, afirmó, refleja una mayor confianza en los mecanismos institucionales.
La secretaria agregó que la administración federal también impulsa una política de transparencia proactiva, logrando capacitar a más de medio millón de personas mediante la Escuela de Buen Gobierno y mantiene una estrategia de “tolerancia cero” a la corrupción.
Como muestra de ello, destacó que en promedio se sanciona a tres proveedores por semana relacionados con contrataciones públicas, además de los servidores públicos involucrados, y que todas las sanciones son públicas como parte de la rendición de cuentas.
“ La confianza no es un decreto, es algo que se construye día a día con instituciones honestas, eficaces, transparentes y cercanas a la gente”, concluyó.
