Morelia, Michoacán.- De acuerdo al estudio Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México de la ONC y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), entre 145 mil y 250 mil niños y adolescentes que tienen el riesgo de ser usados por grupos delincuenciales en México.

Factores como la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades, la violencia familiar, el contexto social o la cercanía a zonas con presencia de grupos delictivos, son de las principales razones para el reclutamiento, de cárteles y otros grupos delictivos involucrados.

En el documento elaborado se detalló que más de la mitad de menores con este riesgo se concentran en 7 estados de la República Mexicana; en el Estado de México con el 9.7%, Jalisco 8.6%, Chiapas 8.1%, Puebla 7.8%, Guanajuato 7.3%, Veracruz 7.2% y Michoacán 6.5%.

Sin embargo, se observó que en estados como Puebla y Michoacán hay un alto porcentaje de población de niños y adolescentes en situación de riesgo para incorporarse a estas filas.

Tan sólo en Michoacán, 51 mil 799 niños y adolescentes tienen el riesgo de ser usados por células delictivas, alertó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).

En el documento se señaló que estos sectores de la población son la inversión ideal de las células delictivas debido a su corta edad.

“El involucramiento de los niños, niñas y adolescentes es una “excelente inversión” para la delincuencia organizada. La corta edad de los miembros les permite retomar actividades ilegales con facilidad en caso de tener breves encuentros con el sistema de justicia”:

Además, “otro beneficio de su juventud es la creación de lazos profundos con las personas con las que se relacionan a partir de la colaboración o el miedo”, dijo el informe.

Por su parte, Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, detalló que las mujeres son más vulnerables al reclutamiento.

“Son tratadas como esclavas sexuales, parejas de los miembros del grupo delictivo y obligadas a tener relaciones sexuales, a abortar o a embarazarse”, expresó.

Finalmente, se dijo que, pese a las estimaciones anteriores, las instituciones del Estado carecen de un diagnóstico de este problema, con lo que se desconoce la magnitud de este fenómeno, así como sus principales causas y efectos.

Con información por El Debate.