Por: Jeanette Leyva Reus

Por su aporte a la economía, es una de las ciudades más importantes del país y ahora trabaja para “ganar” el título de la mejor sede mundialista, y es que la ciudad de Monterrey y el estadio han previsto inversiones millonarias para adecuar la infraestructura: el Gobierno de Nuevo León, que lleva Samuel García, ha destinado aproximadamente 150 mil millones de pesos en transporte, movilidad urbana, servicios turísticos y seguridad.

Mientras que el club Monterrey invertirá entre 6 y 7.2 millones de dólares en mejoras internas del estadio para cumplir con los estándares de la FIFA; el estadio BBVA, que cambiará de nombre durante los partidos, está ubicado en Guadalupe, el corazón del área metropolitana de Monterrey, y será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026, incluyendo tres de fase de grupos y un encuentro de octavos de final.

Esta inversión, sin embargo, refleja la apuesta de la ciudad por capitalizar la derrama económica del torneo, estimada en más de 5 millones de visitantes y alrededor de 3 mil millones de dólares de impacto económico directo, pero plantea preguntas sobre la eficiencia y priorización de recursos en un contexto de municipios con alta incidencia delictiva.

La zona metropolitana de Monterrey enfrenta desafíos de seguridad que no pueden soslayarse, aunque las cifras generales de delitos han mostrado una reducción en 2025. Según reportes oficiales, Nuevo León cerró el año con alrededor de 724 homicidios dolosos, una caída de más del 53% respecto a los mil 539 registrados el año que le precedió, y los delitos patrimoniales en sus principales modalidades también disminuyeron 26% frente a 2024; nada mal si se compara con la Ciudad de México, de la que hablaremos luego.

Sin embargo, esa mejora estadística no elimina diferencias entre municipios. En la zona metropolitana –Monterrey, Guadalupe, García, Juárez y Escobedo– siguen ocurriendo robos, extorsiones y homicidios, aunque en menor medida que en años recientes.

Mientras San Pedro Garza García mantiene índices muy bajos, Guadalupe y Escobedo se perciben como zonas de riesgo, particularmente para los visitantes, especialmente fuera de los operativos focalizados. Durante el arranque de 2026, los primeros 13 días de enero dejaron 20 homicidios, eso sí 39% menos que el mismo periodo del año anterior, y un promedio de 29 reportes diarios de robo, lo que sugiere una tendencia a la baja continua, pero no elimina completamente el riesgo de incidentes de oportunidad.

En el plano financiero, surgió la propuesta de incrementar el Impuesto sobre Nómina (ISN) del 3% al 4% para financiar parcialmente las obras y seguridad vinculadas al Mundial. La medida fue rechazada por el Congreso de Nuevo León, reflejando la tensión entre necesidad de recursos y competitividad económica. Esta decisión evidencia un problema claro: la inversión estatal en infraestructura y seguridad es necesaria para garantizar la viabilidad de un evento internacional, pero los municipios más inseguros siguen demandando atención y recursos permanentes, mientras que los contribuyentes, especialmente las empresas locales, no asumirán nuevas cargas fiscales directas.

La solución, al menos eso parece, es que ya esta semana el gobernador Samuel García instaló la Mesa Única de Coordinación de Seguridad con cuatro mil elementos sólo para el evento; importante número, pero quizás no suficiente. Eso sí, al menos los números indican que la incidencia delictiva se ha reducido y de seguir esa tendencia, llegarán con buen panorama al Mundial.

Aunque eso, sí, si bien Monterrey enfrenta un escenario en donde la magnitud de la inversión y la concentración de delitos en ciertos municipios los obliga a planificar y calibrar cuidadosamente el tema de seguridad, para equilibrar beneficio económico también es clave la protección de visitantes y sostenibilidad fiscal. Ya veremos el resultado final.

Por lo pronto, la moneda está en el aire.