El informe del auditor Superior del Estado puso en claro que desde El Moreirato, la Procuraduría General (hoy Fiscalía) y el Sistema Estatal Anticorrupción han servido de tapaderas. En los 11 últimos años, la institución presentó un promedio de 22.7 denuncias anuales por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción, sin ningún resultado. Javier Mariscal analiza el tema en el bisemanario Espacio 4 (630).

“La exorbitante deuda que endilgó el gobernador Humberto Moreira (2005-2011) y que legalizó su hermano Rubén (2011-2017) se ha convertido en un pantano financiero del que Coahuila difícilmente podrá salir. Así lo confirmó el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Armando Plata Sandoval, quien el 17 diciembre presentó el Informe Anual de la Cuenta Pública 2018 ante el Congreso del Estado.

“Según reporta el Auditor, el pasivo estatal no ha disminuido, sino que es incluso mayor: pasó de 36 mil millones de pesos en 2012 a 37 mil 575 millones en diciembre de 2018, monto por demás sorprendente si se considera que en ese lapso se han erogado 30 mil 806 millones como servicio de deuda. De ese total, 21 mil 516 millones corresponden a pago de intereses, 5 mil 994 millones a amortizaciones y el resto a gastos de reestructuras, comisiones y coberturas diversas.

“De acuerdo con el dato más reciente de la Secretaría de Finanzas, al 31 de octubre de 2019, la deuda actual ascendía a 37 mil 77.6 millones de pesos. Cuestionado respecto a cuál sería el plazo en el que Coahuila podría reportar liquidado tal adeudo, el auditor sentenció: ‘Conforme a la programación de pagos actualmente establecida, y si se sostienen los candados para impedir la contratación de cualquier otro empréstito, podríamos decir que aproximadamente en 25 años estaríamos dejando atrás este problema’.

“El auditor destacó que desde 2008, la Auditoría ha presentado cerca de 250 denuncias por manejo irregular de los recursos públicos contra quien o quienes resulten responsables, sin embargo desconoce los resultados de las investigaciones.

“Estamos seguros que hemos aportado elementos para el establecimiento de sanciones y una absolución

por hechos atípicos por prescripciones poco claras, pues simplemente las hemos judicializado y hemos obtenido resolución a favor”, señaló. En este sentido, propuso reformar la Constitución y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para reconocer la calidad de víctima u ofendido de la ASE en los procesos penales.

“Esto le permitiría acceder a las carpetas de investigación correspondientes de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción, y coadyuvar en el debido proceso de las investigaciones, ‘a fin de obtener resoluciones justas y apegadas a derecho’.

“La limitante es que al no tener una calidad de víctima u ofendido directo, de antemano el agraviado es el patrimonio público. Existe la posibilidad de que no se nos dé acceso pleno a carpetas y demás, entonces, queremos que quede muy clara la legislación para poder nosotros ejercer nuestro derecho en calidad de víctima u ofendido y apelar las resoluciones que encontremos injustas”, reclamó.

“Plata Sandoval también propuso al Congreso ampliar las facultades del Sistema Estatal Anticorrupción en funciones de prevención y control de la corrupción, mediante padrones de proveedores, contratistas y beneficiarios, y crear la Unidad de Contabilidad Gubernamental como mando superior en la estructura orgánica del Estado y municipios, para efectos de transparencia y rendición de cuentas”.