Torreón, Coah.– El Ayuntamiento de Torreón mantuvo expuestos durante 16 días los datos personales de ciudadanos que participaron en la consulta digital sobre la creación de la Unidad de Vigilancia Ambiental. Desde el cierre de la votación el pasado 20 de enero hasta este 5 de febrero, nombres, teléfonos y correos electrónicos de los 46 participantes fueron públicos debido a una configuración negligente en la plataforma Google Forms.

Esta falla constituye una violación múltiple a la Ley General de Protección de Datos Personales. El municipio omitió el Principio de Información al no presentar un Aviso de Privacidad, el Principio de Seguridad al no cifrar ni proteger el acceso a la base de datos, y el Principio de Confidencialidad al permitir que cualquier tercero consultara información sensible vinculada a una postura ciudadana.
Al ser cuestionada sobre esta brecha de seguridad, la Primera Síndica municipal, Natalia Fernández, aseguró no estar al tanto de la situación.

“ No estaba enterada, pero qué bueno que me lo comentas, inmediatamente tomo esa información… Primero que nada vamos a darle seguimiento inmediatamente para que estos datos no estén a disposición y pues principalmente ofrecer la disculpa a quienes están en este esquema. Puede haber errores humanos definitivamente”

Tras la entrevista, la funcionaria confirmó vía telefónica el bloqueo de las respuestas, pero minimizó el alcance legal del incidente. La postura oficial se limitó a señalar que se presentará una versión “limpia” de los resultados ante los regidores de la Comisión de Gobernación, quienes serán los encargados de analizar el sentido de la votación ciudadana para decidir si el proyecto de la Unidad de Vigilancia Ambiental se aprueba, se modifica o se desecha. Esta nueva base de datos omitirá la información personal que estuvo expuesta públicamente por más de dos semanas.
Fernández sugirió que, tras la desaparición de los órganos autónomos de transparencia en 2024, el municipio se encuentra en un proceso de transición que dificulta la aplicación de sanciones, derivando el caso a la Contraloría Municipal pese a que la normativa de 2026 marca a la Secretaría de Fiscalización (SEFIRC) como el ente supervisor estatal.

Sobre el fondo de la encuesta, la funcionaria se mostró satisfecha con el ejercicio de participación ciudadana, pese a que la muestra solo alcanzó a 46 personas en una ciudad de más de 700 mil habitantes. Esta baja cifra resalta ante la falta de una estrategia de difusión masiva por parte del Ayuntamiento, lo que limitó el alcance de la consulta a un grupo reducido.

“ Estamos muy contentos, primero que nada por la participación ciudadana, creo que cualquier reglamento cualquier iniciativa que se tiene se tiene que escuchar en la ciudadanía, es una constante que hemos practicado en esta administración”.

Sin embargo, los resultados que analizarán los regidores muestran una opinión dividida: por un lado, ciudadanos que apoyan la vigilancia activa, y por otro, especialistas técnicos que advierten sobre los riesgos de un enfoque puramente sancionador. La Comisión de Gobernación cuenta con un plazo de hasta 100 días para dictaminar, aunque se busca una resolución este mismo mes para alinearla con la nueva concesión de limpieza que inicia el 1 de abril.