POR: LEÓN KRAUZE

Han pasado 148 meses desde que Felipe Calderón dejó la presidencia de México. Se dice fácil, pero doce años y fracción representan un largo trecho en la historia de un país. Para ganar perspectiva, quizá valga la pena mirar hacia Estados Unidos: en aquel entonces, Barack Obama acababa de ganar su segundo mandato presidencial, y la posibilidad de que un tal Donald Trump llegara al poder era, en el mejor de los casos, un mal chiste. Doce años después, es Trump quien inicia su segunda presidencia. El mundo ha cambiado enormemente en cuatro mil quinientos días.

Esos doce años en México han visto pasar los sexenios de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Ambos tuvieron la oportunidad de implementar políticas públicas, impulsar reformas y enfrentar los desafíos nacionales. Más allá de los naturales contrapesos institucionales, nadie les impidió tomar decisiones y aplicar las soluciones que consideraron adecuadas para resolver los problemas del país, incluida la crisis de seguridad. Como Calderón antes y Sheinbaum después, los presidentes de los últimos doce años eligieron su propio camino y ofrecieron resultados distintos.

Con la libertad de elegir un camino viene, inevitablemente, la responsabilidad de asumir sus consecuencias. No hay vuelta de hoja. No es casualidad que se llame Poder Ejecutivo: el que ejecuta toma decisiones, y el que toma decisiones debe responder por ellas. Es un principio básico de la democracia que muchas veces se intenta eludir con estrategias discursivas o narrativas políticas diseñadas para diluir la responsabilidad. Pero gobernar implica reconocer tanto los aciertos como los errores.

No está de más recordar este ciclo elemental del acto de gobernar, sobre todo después de la lamentable reacción del Gobierno federal ante la tragedia indescriptible de Teuchitlán. No es la primera vez que el proyecto encabezado hoy por la presidenta Sheinbaum enfrenta una crisis recurriendo, casi por reflejo, a dos herramientas retóricas lamentables: la delegación de responsabilidades y el victimismo.

El blanco de esa delegación de responsabilidades ha sido, siempre, Felipe Calderón. No importa que hayan pasado esos 148 meses: para el oficialismo, la responsabilidad de los contratiempos y las desgracias en seguridad sigue recayendo en Calderón, no en el actual Gobierno (ni, por cierto, en la administración de Peña Nieto).

Este lavado de manos es inaceptable. Insisto: gobernar es asumir responsabilidades. La alternativa es claudicar en la investidura y reducir el ejercicio del poder a una estrategia de rédito político.

El victimismo, por otro lado, tiene un propósito claro: proteger la figura del prócer. Cuando la presidenta Sheinbaum aprovecha la tragedia de Teuchitlán para denunciar una supuesta conspiración contra López Obrador, incurre en un victimismo doblemente inaceptable. Primero, porque es falso suponer que la realidad conspira eternamente contra la figura del expresidente. La realidad es lo que es, y los desafíos del país no responden a teorías de complots ni a maniobras de oscuros enemigos. Segundo, porque al hablar de ese supuesto complot, Sheinbaum también exime de responsabilidad a su antecesor.

Para Sheinbaum, la intención de proteger a López Obrador y su legado es comprensible. Más allá de deslindes recientes y tensiones evidentes, su liderazgo y su influencia fueron determinantes en el ascenso al poder de Sheinbaum. Sin embargo, gobernar es asumir las consecuencias de los actos, no evadirlas. Lo que ocurre hoy en México, y lo que ocurra en los próximos cinco años y medio, será responsabilidad de Claudia Sheinbaum. No del pasado, no de gobiernos anteriores, no de conspiraciones imaginarias.

Como ha sucedido con todos los presidentes anteriores, por sus actos y omisiones la conoceremos. Y serán solo suyas.