El presidente Peña Nieto le ató las manos para investigar delitos electorales atribuidos a Emilio Lozoya (Pemex) por el caso Odebrecht; a César Duarte, cuando era Gobernador de Chihuahua, y a otros funcionarios. Pero como no pudo doblegarlo, al final lo despidió. Un año después, Santiago Nieto, regresó a las grandes ligas de la política para convertirse en el primer zar anticorrupción en cumplir sus funciones. El tema lo trata el periodista Javier Mariscal en Espacio 4 (662).

“La dura embestida que la maquinaria gubernamental dio a Santiago Nieto Castillo en el sexenio pasado, por ejercer con imparcialidad su función como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade), evidenció la manipulación de las instituciones del Estado por parte de quienes ostentan el poder político en México.

“El conflicto partió de informes publicados por las ONG de investigación periodística, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Quinto Elemento Lab, que acusaban a Emilio Lozoya de triangular, en 2012, millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, hacia la campaña presidencial de Peña Nieto. La polémica aumentó cuando Nieto Castillo comunicó al diario Reforma que Lozoya Austin lo había presionado para declarar públicamente su inocencia sobre tales señalamientos.

“Tras ventilar el tema en la prensa, Nieto Castillo fue removido de su cargo el 20 de octubre de 2017. La razón oficial: transgredir lo dispuesto en el Código de Conducta de la Procuraduría General de la República (PGR) al violar el sigilo de carpetas de investigación y la presunción de inocencia del investigado. En su defensa, Nieto Castillo sostuvo que su destitución constituyó una decisión arbitraria para proteger tanto a Lozoya como la imagen del presidente Peña Nieto. ‘Se me acusaba de violar el sigilo de carpetas de investigación, con lo cual no estoy de acuerdo, porque creo que en una democracia los derechos a la libertad de expresión y a la información pública son preferentes ante la presunta comisión de una conducta delictiva por parte de un servidor público’ (El Financiero, 26.02.20).

“Un año después de tener que abandonar su puesto, la situación daba un giro de 180 grados. El 3 de septiembre de 2018 –día del último Informe de Peña Nieto– Santiago Nieto Castillo era anunciado por el entonces Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF de la SHCP), cargo que ostenta hasta la fecha y desde el cual ha dado cauce a la judicialización de, al menos, dos de las denuncias interpuestas contra Lozoya; una, relacionada con el caso Odebrecht, y otra, con la venta fraudulenta de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA).

“En el libro Dinero Bajo la Mesa. Financiamiento y Gasto Ilegal de las Campañas Políticas en México (Grijalbo, 2018), María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, concluyen que ‘hay seis veces mayor flujo de efectivo en las entidades que desarrollan un proceso electoral’. Para Nieto Castillo, eso es indicador de lavado de dinero y corrupción política, señala en su libro, Sin Filias ni Fobias. Memorias de un Fiscal Incómodo (Grijalbo, 2019), en el cual plantea la tesis de que ‘la corrupción surge de los procesos electorales, y eso nos lleva a la necesidad de actuar para blindarlos… por eso entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmamos un convenio de colaboración para intercambiar
información’”.