La costumbre ha sido siempre, una de las principales fuentes para la creación de normas jurídicas formales, tales normas son motivadas por las acciones repetitivas de una sociedad, siempre y cuando hayan servido para bien de esta última, es decir, buenas acciones consuetudinarias.

Entonces, la costumbre es una forma espontánea y popular de crear leyes nacidas directamente de prácticas sociales. El problema viene, cuando en estas épocas de confusión social, en la mayoría de los rubros, los ciudadanos confundidos e incapaces de discernir sobre una buena y una mala costumbre empezamos a innovar sobre la propia norma legal ya escrita, cuestionando su validez.

Toda la anterior perorata viene al caso, dado los últimos hechos que en materia política nos han mostrado todos los partidos que intentan participar en las elecciones federales del próximo año 2024, en las que elegiremos a más de 20 mil cargos de representación popular en los tres niveles de Gobierno, incluyendo al sucesor en la Presidencia.

Bajo la excusa de evitar conflictos internos, el pasado 12 de junio, el Consejo Nacional de Morena aprobó los lineamientos para decidir quién será su “coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación”, que no es otra cosa que el próximo candidato a la Presidencia de la República. Para lo anterior, los aspirantes inscritos desde el día 19 de junio pasado, contarán con 70 días para realizar una gira y buscar la simpatía del electorado, bastante similar a una franca campaña electoral.

En el caso del Frente conformado por PRI, PAN, PRD y organismos de la sociedad civil, también su método contiene la celebración de giras, pasarelas, encuestas, elecciones primarias para designar a una persona denominada “responsable de la construcción del Frente Amplio” que también será en realidad el candidato en la contienda presidencial; mecanismo que incluye abiertamente la participación de toda la población mexicana, por lo que la campaña será para el público en general, también con las características de una campaña electoral formal. Todo lo anterior, con la indulgencia de las autoridades electorales de nuestra nación

La Ley General De Instituciones Y Procedimientos Electorales (Legipe) en el Artículo 3, establece que los Actos anticipados de campaña son todos aquellos que en cualquier modalidad y momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para candidatura o partido en el proceso electoral.

El mismo artículo dice que los actos anticipados de precampaña a todas las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

Como es de verse, las leyes electorales en nuestro país determinan como ilegales estas impúdicas prácticas que atentan contra el principio de equidad constitucional entre los contendientes, aunque lo evidente es que dicha legislación ahora peligra ante esta nueva costumbre política de ver como normal y legal a todo lo que tanto daño hizo a nuestra democracia en el pasado.