Ciudad de México.- En cinco años de Gobierno, la mayoría de las dependencias de la Administración de Sinaloa a cargo del ahora gobernador con licencia Rubén Rocha, no hizo públicas las auditorías que le fueron practicadas a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), pese a que esto es una obligación legal.

En una revisión hecha a la PNT, se destaca que dependencias estatales como las secretarías de Seguridad, Finanzas, Bienestar, Salud, Mujeres, Pesca, o la propia Secretaría de Gobierno de Rocha Moya, no han hecho pública ninguna cédula de resultados de auditorías internas ni externas.

En los cuatro trimestres de cada año, la leyenda que arrojan estas secretarías señala que no se realizaron auditorías internas ni externas.

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En el presente periodo no se realizaron auditorías internas ni externas al sujeto obligado. Por esta razón, los espacios comprendidos a partir del criterio Ejercicio(s) Auditado(s) al criterio Hipervínculo al Programa Anual de Auditorías se encuentran sin información.

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Durante el periodo que se informa, esta secretaría no generó información de interés público”.

En la revisión se encontró que únicamente las secretarías de Turismo, Obras y Agricultura subieron a la plataforma resultados de auditorías hechas el año pasado.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública advierte que los sujetos obligados –entre ellos los gobiernos estatales– deberán poner a disposición de la población “y mantendrán actualizadas” informaciones públicas, entre ellas auditorías.

El Artículo 19 fracción XI de esta ley indica que los gobiernos estatales, como sujetos obligados, deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de transparencia, integrando los archivos o ligas correspondientes en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Hace casi dos semanas, el Gobierno de Estados Unidos solicitó a México la detención y extradición del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios estatales, por presuntos nexos con el narcotráfico y con el tráfico de armas.

En el apartado de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno estatal sólo se ofrece un breve informe de resumen del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa de tan sólo 20 hojas.

Sin embargo, destaca que en este informe la propia Auditoría estatal califica como un “criterio para la Identificación de Área de Riesgo” el que se carezca de información del programa presupuestario en la Plataforma Nacional de Transparencia.

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Criterios para la Identificación de Áreas de Riesgo. La Plataforma Oficial de Transparencia careció de información del programa presupuestario”.

El apartado de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, además de no difundir públicamente copia de las auditorías en la PNT, tampoco ofrece informes de contratos por honorarios ni tampoco de gastos de publicidad oficial.

El año pasado y en lo que va de este 2026, tanto la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Finanzas no subieron ninguna información sobre contratos de obras, bienes y servicios.

Los exsecretarios de Seguridad y de Finanzas, Gerardo Mérida y Erique Alfonso Díaz, respectivamente, están acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con los “Chapitos” del cártel de Sinaloa.

Incumple Fiscalía

En la revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia se encontró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco ha hecho pública ninguna auditoría en los últimos cinco años.

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Se comunica que la información sustantiva de los criterios quedan sin información en virtud que esta institución no tuvo resultados de auditorías en este periodo”, se señala en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Sumado a esto, el año pasado en el apartado de la contratación de servicios, la Fiscalía local únicamente subió un contrato por el servicio de limpieza, del cual pagó 486 mil pesos.

La Fiscalía de Sinaloa no subió el año pasado ninguna información sobre dictámenes financieros y gastos en publicidad oficial.

El hoy exvicefiscal General del Estado, Dámaso Castro Saavedra, está acusado por EU de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El 5 de mayo presentó solicitud de licencia sin goce de sueldo para atender cualquier requerimiento institucional que le sea formulado por las vías legales correspondientes.

¿Qué es la PNT?

La Plataforma Nacional de Transparencia es un instrumento que unifica y facilita el acceso a la información pública de los tres órdenes de Gobierno, de autoridades, entidades u organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, así como partidos políticos y sindicatos.

Destaca que 6 mil sujetos en todo el territorio nacional están obligados a brindar información pública con relación a contratos, sueldos, compras públicas, presupuestos asignados, trámites, padrones de programas sociales, así como padrones de servidores públicos y empresas sancionadas.

El extinto Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) –que posteriormente se transformó en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai)– fue el organismo encargado de crear y gestionar la PNT.

Tras la extinción del INAI en marzo de 2025 –organismo que el expresidente López Obrador acusó de ser “un aparato burocrático que no sirve para nada”– la Plataforma Nacional de Transparencia pasó a ser operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Eliminó sus ‘obstáculos’ y colocó a sus alfiles…

Desde que llegó a la Gubernatura de Sinaloa, en el 2021, Rocha Moya se dedicó a construir las candidaturas de sus posibles sucesores: el senador Enrique Inzunza y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Ambos también están acusados por autoridades de EU por presuntos nexos con el narcotráfico. No importó cuánto costara quitar los obstáculos. Los propios morenistas lo acusan de fabricarles delitos e incluso cuestionan si está detrás de algunos asesinatos de políticos.

El 25 de julio del 2024, en circunstancias sospechosas, asesinaron a Héctor Melesio Cuén, el principal adversario político de Rocha. Justo el mismo día, el hijo de “El Chapo”, Joaquín Guzmán López, secuestraba a EU a Ismael “El Mayo” Zambada.

A partir de entonces, no sólo la violencia se intensificó, también el ataque contra políticos rivales de Rocha Moya. Sus baterías se enfocaron a Gerardo Vargas Landeros, Alcalde de Ahome, cuya aspiración al 2027 crecía cada vez más.

El 25 de abril del 2025, la Fiscalía de Sinaloa pidió al Congreso local desaforarlo ante la acusación de presuntas irregularidades en el arrendamiento de 126 patrullas por 171 millones de pesos.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, la ahora Gobernadora suplente, Yeraldine Bonilla, tramitó la petición, y, en un proceso exprés, que duró seis días, fue desaforado.

Rocha Moya utilizó la misma estrategia con otros presidentes municipales para quitarlos del camino, acusarlos de “desempeño irregular de la función pública”. En junio del 2022, el Mandatario estatal logró el desafuero de Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, quien en el 2021 fue reelecto. Se le acusó de anomalías en el arrendamiento de 40 camiones para recolectar basura.